Sólo diputados pesuvistas integran la subcomisión de la Asamblea Nacional que investiga la revuelta ocurrida el viernes en la cárcel de Uribana, estado Lara, en la que según informó la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, resultaron muertos 57 reclusos y un guardia nacional.
DIANA LOZANO PERAFÁN/El Nacional
El diputado Richard Blanco, de Alianza Bravo Pueblo, que forma parte de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario del seno de la cual fue nombrada la referida subcomisión, denunció que los parlamentarios del bloque de la unidad no fueron convocados.
“Al chavismo no le interesa que nosotros formemos parte del grupo, porque allí va a ocurrir lo mismo que con la comisión que estaba encargada de averiguar lo que ocurrió en el Rodeo y que nunca llegó a nada porque las autoridades que fueron citadas no acudieron a la interpelación”, dijo Blanco.
Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Copei consideran que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debe renunciar. Opinan que ha sido incapaz e ineficiente, y Voluntad Popular exige al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que sean interpelados tanto Varela como el ministro de la Defensa, Diego Molero Bellavia.
Autopsias. Andrés Eloy Méndez, (PSUV), presidente de la Comisión Parlamentaria, informó que presenció “el procedimiento y protocolo de desalojo” de los presos que fueron sacados de Uribana y trasladados a varias cárceles del país, debido a que el referido penal fue clausurado.
“Fueron enviados a los centros penitenciarios que ellos escogieron, garantizando los derechos humanos de los reos”, manifestó.
Aseguró que las autopsias practicadas a algunos cadáveres provenientes de la cárcel de Uribana revelaron que tenían varios días sin vida.
Méndez indicó que antes de que se pretendiera iniciar la requisa de los presos de Uribana –hecho que generó la reyerta– se había generado una “rencilla” entre dos presos, “el Chueco” y “el Gordo”, por el liderazgo del penal.
Fiscalía. El Ministerio Público comisionó al subdirector de ejecución en protección de derechos fundamentales y al técnico en asesoría científica e investigaciones, Enrique Arrieta Pérez y José Gregorio Hernández Nerea, respectivamente, en conjunto con el fiscal superior del estado Lara, William Guerrero, y el fiscal 13° nacional, Harvey Gutiérrez, para que coordinen las investigaciones y experticias técnicas dirigidas a esclarecer los hechos. La información la suministró la Fiscalía mediante nota de prensa, en la que se indica que el equipo también está integrado por los fiscales 10°, 13º y 21° de Lara, José Mora, Rosimar González y Reina Vidoza, respectivamente, así como por funcionarios de las unidades criminalísticas de Caracas y de esa entidad.