Rafael Narváez, defensor de Derechos Humanos desde el año 1987, visitó Maracaibo para asistir a una asamblea con los trabajadores hostigados y despedidos de las instituciones públicas en el Zulia. Junto con Juan Pablo Guanipa y al grupo de 30 abogados que trabajan de manera gratuita por los trabajadores, conformaron un movimiento para la defensa de los trabajadores hostigados y acosados políticamente, luego de los hechos ocurridos en Venezuela a partir del 15 de abril.
Juan Pablo Guanipa, Concejal de Maracaibo, aseguró que la presencia de Narváez apuntala el esfuerzo realizado por la Defensoría Simón Bolívar en cuanto a la defensa de los trabajadores. “Hoy conformamos el movimiento para la defensa de los trabajadores hostigados y acosados políticamente, en función de integrar las acciones para que todos sintamos que no estamos solos en esta lucha. Y que estamos dispuestos a dar la pelea a pesar del cansancio, las dificultades y la obstrucción de la justicia”.
Manifestó que la sociedad crea el Estado para que éste resuelva los problemas que la sociedad por sí sola no puede resolver. “Hoy tenemos un Estado que está tratando de acabar con la sociedad. Eso es impresionante e inaceptable, es un abuso del poder del Estado en cuanto a sus atribuciones. Por eso hemos estado atendiendo a cada uno de los trabajadores que han sido amenazados, amedrentados, hostigados políticamente. Hemos ido al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y hoy el Fiscal Superior nos dijo que el caso lo enviaron a Caracas para que allá se le asigne fiscal. Yo tengo derecho de saber qué pasa con mi caso en la ciudad en la que lo interpuse, pero al parecer nadie quiere asumir su responsabilidad y darle cumplimiento a la Constitución”.
Guanipa hizo nuevamente un llamado a las instituciones del país a que atiendan los casos interpuestos. “En el Zulia superan los 10 mil trabajadores que han perdido sus empleos y por eso el llamado no es sólo al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, sino a la Inspectoría del Trabajo, a los Tribunales Contenciosos Administrativos y los Tribunales Laborales a donde estamos llevando los casos. Lo mínimo que pedimos es que se atienda y se investiguen los casos de violación de la Constitución y las leyes en una denuncia que fue hecha con la organización meticulosa que requiere un expediente serio”.
Destacó que el país tiene que tener instituciones y las instituciones son reglas. “El Estado debe servir a la sociedad no al revés, quizá la no comprensión de esa realidad nos ha llevado a que tengamos a todos los representantes de las instituciones de justicia declarados abiertamente de un partido político y en consecuencia burlándose de la gente, tapando los casos de violación negándole a la gente su constitucional derecho a la defensa. Esto tiene que cambiar”.
Más fuerzas
Rafael Narváez, defensor de Derechos Humanos, destacó durante la asamblea de trabajadores que en su recorrido por el país ha tenido que atender diferentes estados a causa de los acontecimientos del 15 y 16 de abril. Aseguró que sus reuniones y asesorías han sido enfocadas en trabajadores, periodistas y personas con discapacidad que están siendo violentadas en cuanto a sus condiciones.
“En Lara registramos 26 víctimas de torturas crueles e inhumanas y también periodistas agredidos. En Carabobo al menos 70 detenidos bajo presentación con medidas cautelares y en Zulia más de 600 trabajadores acosados. Todo esto violentando la Constitución, Ley Orgánica del Trabajo y el decreto presidencial de inamovilidad; y frente a la ausencia de los actores del Ministerio Público que en vez de velar por el cumplimiento de las investigaciones de los hechos punibles, parece que ahora tienen que pedir permiso a sus superiores en Caracas”.
Señaló que el hecho que los poderes no respondan ante las injusticias que comete este Gobierno y en defensa de los venezolanos es considerado flagrancia por omisión. “Se está poniendo en práctica lo que dijera Luisa Estela Morales en una oportunidad sobre que los poderes no podían estar divididos, que debían ser un solo poder y es lo que han entendido en el caso del Zulia. El Fiscal Superior, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo están de espaldas a los trabajadores. Pareciera que cuando ellos juraron ser autónomos e independientes estaban distraídos”.
Repudió el acoso laboral, el hostigamiento a trabajadores y se mostró dispuesto a apoyar el movimiento en la defensa de las víctimas de hostigamiento y acoso dentro del país.
“El llamado es a Luisa Ortega Díaz a que garantice la legalidad, el debido proceso y el cumplimiento de la Constitución. Ella debe ordenar al Fiscal Superior que reciba las denuncias porque es en el país donde nos deben dar respuestas. No creo en las instancias internacionales. Queremos que en el país nos respondan, queremos que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo nos respondan: ¿esos decretos de inamovilidad laboral están vigentes o no? ¿Los respetan o no? ¿Les corresponde hacer justicia o no? No vamos a quebrarnos y vamos a hacer un llamado al colegio de abogados del país a que defiendan a estas víctimas. Lo derechos se defienden, son irrenunciables y la Carta Magna nos obliga”.