“La puesta en marcha del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Bolivarianas es una muestra del desespero por recobrar el interés público en programas que poco a poco han ido desapareciendo de la memoria colectiva, y que, al mismo tiempo, han perdido la confianza de sus beneficiarios y de la ciudadanía en general”, así lo expresó el secretario ejecutivo adjunto de la Unidad, Marino González.
Consideró que la creación de este Sistema es una respuesta a la caída sostenida de la cobertura de las misiones, motivada por la baja calidad de los beneficios, y los mediocres resultados finales de la política social.
“En seis años, de acuerdo con el INE, Mercal ha reducido su cobertura en 19%. Solo en un año 205.418 familias dejaron de comprar en la citada red. Si se consideran los datos proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Familiares del BCV (año 2011), la evidencia es mayor: sólo el 19% de los venezolanos reportó ser beneficiario de alguna ayuda socioeconómica. Más grave aún, en la actualidad, y específicamente en los sectores populares, apenas el 10% obtiene algún beneficio de estos programas”, denunció González.
Según lo expresado en las memorias y cuentas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MPPAL), González puntualizó que PDVAL ha disminuido su distribución en un 23%, y ha reducido la comercialización de los productos de “Mi Casa Bien Equipada” en un 79%. Por su parte, FUNDAPROAL descendió su cobertura en un 36%, Madres del Barrio tuvo un decrecimiento en la atención a los grupos familiares de un 55%, y Che Guevara presentó una reducción de 94%.
“Este lanzamiento es además un intento por desviar la atención sobre irregularidades denunciadas en el manejo de las Misiones. Desde su implantación, la ejecución y financiamiento de estos programas carecen de transparencia. No hay informes financieros que expongan la erogación de los recursos invertidos, y los resultados de la ejecución física son deficientes y abiertamente manipulados”, sentenció el representante de la Unidad.
Calificó como capcioso que se inicie este sistema en la cercanía de las elecciones municipales de diciembre, por que –a su juicio– responde a que se aspira tener un registro único de beneficiarios con el cual se podría coaccionar nuevamente la participación electoral de los ciudadanos que reciban al menos un beneficio de los citados programas sociales. “Altos personeros del gobierno lo han dicho claramente”, subrayó.
Para González todo lo anterior deja en evidencia que más que una respuesta real y efectiva ante las necesidades de los venezolanos, el gobierno aprovecha una vez más la política social para ejecutar un programa de propaganda y utilización de la buena voluntad de los beneficiarios.
“La Unidad Democrática ratifica que acompañamos a los venezolanos en el reconocimiento y ampliación de los beneficios sociales, pero también sostenemos que la política social no puede ser asociada con objetivos políticos ni electorales. Creemos en una política social para todos, de la mayor calidad y transparencia”, finalizó González. Prensa Unidad venezolana