El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo este lunes que la nueva delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un fallo de noviembre de 2012, “no es aplicable”.
“El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”, dijo el mandatario en una alocución de radio y televisión.
“Como jefe de Estado defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda”, dijo el mandatario colombiano, quien anticipó que tratará el asunto por las vías jurídicas y diplomáticas.
En noviembre de 2012, la CIJ resolvió un litigio limítrofe entre Nicaragua y Colombia, reconociéndole a Bogotá la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los islotes y cayos adyacentes, pero otorgándole a Managua unos 75.000 km2 de mar.
Colombia, que desde el momento que salió el fallo se declaró inconforme, estudió en los últimos meses las alternativas para proteger su territorio y oponerse al fallo, que es en principio inapelable.
Nicaragua, por su parte, declaró en mayo que estudiaba la posibilidad de promover otra demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar la totalidad de las 200 millas de plataforma continental a las que considera que su país tiene derecho en el Caribe.
Al respecto, Santos dijo este lunes que esa pretensión de Nicaragua es “completamente inaceptable”; “no lo vamos a permitir de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia”, señaló.
“Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas, como son Panamá, Costa Rica y Jamaica, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General”, añadió Santos.
AFP
El fallo de la Corte de La Haya se produjo el año pasado en respuesta a una demanda que instauró el gobierno nicaragüense en diciembre de 2001, para reclamar un área marítima superior a los 50 000 km², dentro de la cual se encontraban el archipiélago de San Andrés y varios atolones y cayos.
Seis años después, en diciembre de 2007, se produjo un antecedente fundamental de este fallo: se dio a conocer la sentencia que concluyó el proceso incidental iniciado por Colombia —al presentar excepciones preliminares a la demanda de Nicaragua—, mediante la cual se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Al mismo tiempo, estableció que poseía competencia para resolver la disputa sobre la frontera marítima entre ambos países, adelantando que la tesis colombiana, la cual establecía que sobre el meridiano 82º corría el límite internacional Colombia-Nicaragua, era incorrecta, por lo que dispuso que analizaría la soberanía tanto la de los demás islotes y cayos, como la de sus aguas adyacentes.
Luego emitió una resolución resolución, basándose en su interpretación del Tratado de 1928—, y determinó ubicar, no el meridiano 82º, sino 531 kilómetros más hacia el este, hasta cerca del meridiano 79º, la línea divisoria, reconociéndole a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en dichas aguas partiendo desde de las 200 millas náuticas desde sus costas.
Como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos en disputa conforme a las 12 millas náuticas.
Colombia perdió el control sobre una importante porción de una zona marítima al oriente del meridiano 82º, los que la corte reconoció como de soberanía nicaragüense, aunque otorga a la jurisdicción de Colombia una lengua a la latitud de las islas de San Andrés y Providencia, del mismo modo que dos enclaves marinos de un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos de Quitasueño y Serrana, los que estarán encerrados por aguas nicaragüenses, en razón de que, según entiende la corte, cada isla o cayo, por pequeña que sea, debe tener anexado un mar territorial. Estos territorios son ricos en petróleo, gas, y pesca, con abundancia de peces, caracoles, y en especial de langostas.
Tras conocerse la decisión del tribunal de La Haya, el presidente Juan Manuel Santos reunió en la Casa de Nariño a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para analizar el hecho y luego en una alocución por televisión, señaló que el fallo “es inconsistente y no compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago…Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia -representada por su Jefe de Estado- rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente».
Con información de Radio Santa Fe