Abogados y activistas de DDHH afirman que tras los sucesos de hace un año se ha incrementado las violaciones al debido proceso. Hoy se cumple un año del asesinato de Basil Da Costa y Juan Montoya tras finalizar una protesta en la sede de la Fiscalía, publica La Verdad.
Por Juan Pablo Arocha / Caracas / noticias@laverdad.com
La avenida México, en el centro de Caracas, ya se había quedado casi sola. Había pasado mediodía. Hace rato que se habían dispersado la mayoría de los manifestantes que marcharon desde el Este de la ciudad hacia la Fiscalía General de la República, la voz de reclamo era por la liberación de estudiantes detenidos en varias zonas del país. Un foco de protesta se mantuvo, protagonizado por cerca de 150 jóvenes: “¡No tenemos miedo!”, gritaban enardecidos, pues reclamaban que la comitiva de la movilización no fue atendida por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Unas cajas de cartón, alcantarillas que sirvieron como barricadas y algunos otros escombros incendiados los distanciaban de un cordón de la Policía Nacional. Por sobre el humo se alzaron bombas molotov, que fueron devueltas en forma de bombas lacrimógenas por los uniformados. El ambiente se empañó por completo.
“¡Mataron a uno!”, El grito de uno de los jóvenes cortó la espesa niebla que dejaba el humo. Había caído Bassil Da Costa, la primera víctima del 12 de febrero de 2014. El asesinato causó más encono. Los vidrios de la fachada de la Fiscalía fueron destrozados, y la acción policial recrudecida. La reyerta cobró la vida de alguien más: Juan Montoya, un exfuncionario policial, miembro de un colectivo de la populosa zona del 23 de Enero, que pululaba por los alrededores del conflicto.
En medio del caos, el silencio. Las televisoras privadas y la mayoría de las radios comerciales no informaron sobre los sucesos. Mutis. El Ejecutivo ordenó el cese de transmisiones del canal internacional de noticias NTN24. Los datos se lanzaban en bombardeos de 140 caracteres por redes sociales. “El fascismo estaba ahí, ahí en la Fiscalía. Esto para nosotros es doloroso”, fue la primera noticia que dio la red pública, cuando el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, responsabilizó a los dirigentes Leopoldo López y María Corina Machado de la muerte de Montoya.
El chispazo
La actuación de los cuerpos de seguridad –entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebim), la policía científica y la Guardia Nacional– sumaron en pocas horas más de una cincuentena de detenidos. “Todas las detenciones se hicieron violando los derechos humanos. Varios menores de edad fueron detenidos, violando la Lopnna, porque fueron humillados”, recuerda el abogado José Vicente Haro, quien apoyó en la liberación de algunos detenidos. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó entonces la existencia de un patrón durante la captura, donde se aisló a los jóvenes, incluso sin permitirles ver a sus abogados y familiares; y les fueron decomisado sus teléfonos celulares.
El patrón lo comparte el equipo de Foro Penal, quien agrega además que en todos los procesos los juicios han tenido fallas en las pruebas, negación a las peticiones de la defensa y, en muchos casos, el Sebim ha desobedecido la órdenes dictadas por los tribunales.
Jeneth Frías, madre del asesinado Da Costa, también tiene cuestionamiento contra la justicia. Apenas el pasado 6 de febrero era cuando la jueza Marisol Figueira había convocado la apertura del juicio por el caso de su hijo, casi un año después de la muerte. Sin embargo, se anunció a última hora un diferimiento y la promesa es que será el 20 de marzo cuando se inicie el proceso. “Yo nunca pensé que mi vida iba a dar un vuelco tan grande. Ahora la lucha por mis hijos es distinta, porque me mataron a uno. Pero seguiré luchando por las muertes y prisiones injustas. Sé que puede ser muy duro y que recibiré golpes”, le declaró a El Nacional.
La Fiscalía ha informado que por las muertes de Da Costa y Montoya hay acusados detenidos. Sin embargo, no se ha completado el proceso judicial. Incluso, Ortega Díaz aseguró el martes pasado en rueda de prensa que el caso de Da Costa se había dilatado “por solicitud de la defensa y no por el Ministerio Público”. Frías, cree, en todo caso, que el retraso tiene que ver con la lentitud del juicio contra el detenido Leopoldo López, a quien creen terminarán culpándolo indirectamente del hecho.
Derechos vulnerados
Haro cree que de las actuaciones de los cuerpos de seguridad entonces se puede deducir que “están entrenados para violar los DDHH”. Observó que los uniformados tienen técnicas para ello y han logrado que los ciudadanos tengan temor hacia ellos. “No dudo que ese sea el objetivo del gobierno, pero no podemos caer en ser presas del pánico y el miedo. Si dejamos que el miedo se apodere de nosotros vamos a perder el norte. La democracia no es para cobardes, es para un pueblo valiente que esté dispuesto a pelear por sus derechos que son inherentes a la condición humana”.
Alfredo Romero, abogado del Foro Penal, denuncia además que se ha adelantado desde el gobierno un proceso de amedrentamiento contra los activistas de DDHH. “Se nos expone al escarnio público a nosotros”, denuncia. Advierte que, en ninguno de los procesos judiciales se ha respetado el debido proceso.
Casos anexos
La mayoría de los detenidos por los hechos violentos en Caracas el pasado 12 de febrero ya están libres. Christian Holdack, Ángel González, Marco Coello y Demian Martín, siguen presos. Son parte del juicio que se sigue contra el dirigente Leopoldo López.
Holdack es a quien el encierro le ha afectado más la salud. “Sufre de fuertes dolores de cabeza, náuseas y pérdida del equilibrio. La cefalea y la hipertensión se han agravado durante los últimos días y algunos médicos han advertido que se trata de síntomas previos a un accidente cerebrovascular”, advierte el abogado Alejandro Moreno. La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, recuerda que, al menos desde agosto al estudiante de segundo semestre en el Centro de Diseño Digital de Caracas ya se le había detectado cuadros de depresión.
Los jóvenes fueron acusados por la Fiscalía de los delitos de Instigación Pública, Incendio, Daños y Agavillamiento.
41 tras las rejas
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó el martes que todavía quedan detenidas 41 personas por la ola de protestas violentas que vivió el país a principios del año pasado y de las que el próximo jueves se cumplirá un año. Para la fiscal los dirigentes políticos “se enmascararon” ese día “para iniciar una ola de acción delictiva” en una jornada en la que recordó que la misma sede del organismo fue “víctima de agresiones” por parte de unos encapuchados que lanzaron piedras y cocteles molotov contra la fachada del edificio. “Acciones impulsadas por un grupo minoritario, cuyos dirigentes incitaron a la violencia, a cometer acciones delictivas forjando delictivamente la insurrección popular contra el orden publico, contra las instituciones, contra el Estado”.