En las parlamentarias se jugarán cartas decisivas para el futuro inmediato de los venezolanos. De allí la obligación que la sociedad tiene de involucrarse en la selección de las candidaturas de la oposición. En los actuales momentos, pareciera que el primer deber de los ciudadanos es reconocer a la MUD como única representación institucional que tienen quienes adversan al gobierno. Por supuesto, con ese reconocimiento se descartan otras propuestas. En particular, aquellas que promueven divisiones o candidaturas aisladas. Sobre todo, admitir que la MUD es el marco del consenso decanta responsabilidades. De hecho, llegada la hora de los resultados electorales el ciudadano conocerá el nombre y el apellido de los dirigentes a los que se deberá gradecer o cobrar el éxito o fracaso de la oposición en las parlamentarias.
Acordar la unidad electoral de Venezuela es el compromiso de los jefes de la MUD. Ojalá estos directivos tengan el carácter para aceptar que el pacto que la población espera es para ganar la mayoría absoluta de la Asamblea, no para garantizar unos cuantos curules a sus partidos. Ojalá entiendan que de las 119 postulaciones que no irán a primarias un porcentaje relevante debería elegirse por consenso con instituciones y actores nacionales, regionales y locales. Pues una porción de las candidaturas debería simbolizar la unidad de la sociedad, no la insensatez de quienes cuentan con un muy reducido apoyo popular.
Para los venezolanos es tan perjudicial dejar de perseguir la unidad electoral opositora como aceptar la opacidad de los pactos que se negocian en la MUD. Los ciudadanos en general desconocen lo que en esa organización se discute. Pocos están al tanto de los criterios que se siguieron para tomar las decisiones que se anuncian sobre las candidaturas. Tampoco se sabe quiénes son los que se dicen representantes de los independientes, estados y circuitos. En la MUD los acuerdos se realizan a puerta cerrada. Algunos reclaman apoyo social para decisiones que se resuelven de espaldas a la población. Quizás se debería recodar que el consenso no es un instrumento que autoriza imponer decisiones empaquetadas al ciudadano; menos aún en la situación en la que está el país. El poder de convocatoria del acuerdo electoral proviene de su trasparencia; no se origina en los partidos ni en las personas nombradas como candidatos.
El requisito de transparencia interpela la legitimidad de las postulaciones que por consenso la MUD anunciará. Puesto que la solicitud de publicidad reclama divulgar la información de lo que se disputa. No obstante, ese requerimiento también exige ampliar el número de participantes en las conversaciones; y, en particular, demanda la conformidad del elector con la agenda, reglas y criterios que regulan el debate y las decisiones sobre las candidaturas. El consenso convierte al elector en protagonista no en un público de utilería. Por eso, mal podrían solicitar el voto de los venezolanos quienes serán candidatos por los arreglos que, tras bastidores, convengan unos cuantos.
Hasta el militante más comprometido con la MUD se mostrará indiferente ante postulaciones sobre las que no dijo alguna palabra porque no fue consultado, ni informado. ¿Por qué los electores deberían votar por candidatos designados en secreto? ¿Por qué elegirían a representantes que no viven en sus estados? En especial, ¿por qué estarían obligados a respaldar procedimientos similares a los que Nicolás Maduro utiliza para decidir de manera arbitraria los asuntos del país? La MUD necesita dar señales concretas de cambio para conquistar una votación masiva. Por cierto, el electorado que llegará a las parlamentarias será un sujeto extenuado por los enredos cotidianos; agobiado por las dudas, más abatido por la ausencia de confianza y esperanza que ilusionado.
La oposición sólo ganará la mayoría absoluta de la Asamblea con una alianza social sobre las candidaturas, no con un pacto entre partidos. Es cierto que la MUD tiene el calendario en contra. Le queda poco tiempo para darle un giro a la situación que creó; pero aún hay espacio. Ahora bien, las conversaciones para alcanzar un consenso digno deberían terminarse cuando las imposibilite el cronograma electoral que aún no publica el CNE; ese diálogo no se debe cerrar por su complejidad o por la conveniencia de algunos interesados.
Alexis Alzuru
@aaalzuru