Ocurra lo que ocurra en la VII Cumbre de las Américas en Panamá, no será bueno para Maduro. Su propuesta de incluir en el informe final un párrafo contra las sanciones que Estados Unidos aplicó a funcionarios venezolanos “incursos en corrupción y graves violaciones de los derechos humanos” y la solicitud de que Obama derogase “el decreto imperial”, no obtuvieron apoyo de las delegaciones presentes: “Además de que sea derogado ese decreto imperial –pidió Delcy Rodríguez en la reunión previa de cancilleres– hay que eliminar todos los vestigios de colonialismo e imperialismo en las Américas” (sic). Delcy argumentó que “si Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos, Obama debía derogar su decreto”. Esfuerzo vano, porque desde el principio había quedado claro que las sanciones de Estados Unidos no son contra Venezuela, ni siquiera contra su gobierno, sino contra varios funcionarios “corruptos y violadores de los derechos humanos”.
La visión inicial sobre la Cumbre es que “los temas políticos amenazaban con enturbiar la agenda” al citar la incorporación de Cuba a la Cumbre y la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. No pocos citaban el empeño de Maduro de entregar los supuestos millones de firmas contra Obama y las confrontaciones entre disidentes y partidarios de los regímenes cubano y venezolano, además del propósito de Maduro, de Correa y de Evo, de hacer una cumbre paralela “de los pueblos” en la Universidad de Panamá.
El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y las valientes Lilian Tintori y Mitzy Capriles, recibieron el contundente documento de 26 ex presidentes de América Latina y España, pidiendo a los mandatarios asistentes a la Cumbre que “rompan el silencio complaciente sobre Venezuela” y exijan que “las elecciones previstas para este año se realicen sin presos políticos y con observación electoral”, como posible salida a la crisis. “El silencio o la pasividad ya no son opción para nadie”, manifestó el ex presidente mexicano Felipe Calderón. “Preferimos exigir a callar ante la grave alteración democrática en Venezuela”. Los firmantes piden a los mandatarios presentes en la Cumbre que “se involucren en el caso venezolano para construir una solución que respete los principios constitucionales y las normas internacionales”.
Ese silencio cómplice podría estarse resquebrajando en la región. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, de la coalición gobernante que preside el socialista Tabaré Vázquez, criticó la violencia contra Ledezma y otros presos políticos, la autorización para reprimir manifestaciones con armas de fuego y denunció que la propuesta de Uruguay en Unasur pidiendo que la Cruz Roja visitara a los presos políticos fue respondida por el silencio. Fue lapidario al recordar que situaciones semejantes sufrió Uruguay en la dictadura militar de Bordaberry. Hasta su “pana” Dilma de Brasil dice públicamente que Maduro debe liberar a los presos políticos. Obama subraya: “La región no debe mantener silencio ante la situación de Venezuela. Seguimos muy preocupados por cómo el gobierno venezolano sigue esforzándose en intimidar a sus adversarios políticos, incluido el arresto y acusación por cargos políticos de funcionarios electos, y la erosión continua de los derechos humanos(…) Quiero hablar claro: nuestro interés principal y duradero es en una Venezuela que sea próspera, estable, democrática y segura (con lo cual reconoce que con Maduro, Venezuela ni es próspera, ni estable, ni democrática ni segura). Encuestas en Estados Unidos dan un poyo masivo al decreto de Obama contra violadores de derechos humanos y hasta en Cuba, Obama arrasa en popularidad sobre los dos Castro.
Aunque Maduro quiere regularizar relaciones con Estados Unidos, un día antes de la Cumbre montó el espectáculo de la entrega de supuestos 10.480.000 firmas (¡Cómo mienten!: Jorge Rodríguez dijo que eran 13 millones) llenando el centro de Caracas de autobuses para cuyo show sí hay dinero, pero no para medicinas y alimentos. Sean las firmas que sean, han sido obtenidas bajo una presión violadora de los derechos humanos, como prueban las denuncias públicas de despido de funcionarios por negarse a firmar (“Un militar detenido por insubordinación y desobediencia al negarse a firmar contra Obama” (El Nacional 9-4-15). Varios ingenieros de Pdvsa habrían sido despedidos y los viejitos fueron amenazados de quitarles su jubilación si no firmaban. La Unidad Sindical del Zulia envió una carta a la Cumbre “denunciando la persecución desatada desde el gobierno contra la población venezolana, en procura de las firmas contra el decreto del presidente Obama” (El Nacional 7-4-15) Hasta preescolares debieron estampar su dedito en la carta, según denuncian sus padres. Prueba de que los poderes rinden obediencia a Maduro: la roja Tibisay, jefa del CNE, validó la “autenticidad” de las firmas sin haberlas visto (¿Recuerdan que tardaron casi 2 años en verificar las firmas –después de reducirlas a menos de la mitad porque eran dizque “planas”– para el referéndum revocatorio?). Dos lecturas tiene esta aberración: dar una “legitimación” que las firmas no tienen y desestimular a opositores de participar en las elecciones de este año con un CNE de esa catadura moral.
Los pronósticos son que Estados Unidos no va a cambiar ni derogar su decreto, (“Después de la Cumbre, Estados Unidos pondrá más énfasis en promover los derechos humanos en Venezuela”, dijo Shannon a la MUD) y la gran ganadora sería Cuba, pues hasta podría ser sacada de la lista de países terroristas. Pase lo que pase en Panamá, analistas creen que Maduro saldrá debilitado porque el diálogo con Estados Unidos –de darse– será sobre el acuerdo de respetar los derechos humanos, lo que exigiría liberar a los presos políticos. Y como el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito, Maduro aspira a seguir violando los derechos humanos de quienes se oponen y liquidando lo poco que nos queda de país.