Luego que Marcelo Odebrecht, titular de la firma homónima, fuera detenido el viernes pasado por el escándalo de corrupción en Petrobras, ahora es el Consejo Administrativo de Defensa Económica brasileño (CADE) el que podría multar a la compañía constructora con 1.400 millones de reales, el equivalente a casi 452 millones de dólares, según revela el periódico Valor Económico.Reseñó Infobae
A su vez, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, negó que el arresto del mencionado Odebrecht y del titular de la también constructora brasileña Andrade Gutiérrez, Otávio Azevedo, las mayores del país y vinculadas al escándalo de corrupción en Petrobras, vaya a afectar el plan de infraestructura impulsado por el Gobierno.
“Ese plan de concesiones es fundamental para el desarrollo económico y social y será realizado con absoluta transparencia, lisura, y acompañado por todos los órganos de fiscalización”, declaró Cardozo en una entrevista publicada por el diario O Estado de Sao Paulo.
Luego que Marcelo Odebrecht, titular de la firma homónima, fuera detenido el viernes pasado por el escándalo de corrupción en Petrobras, ahora es el Consejo Administrativo de Defensa Económica brasileño (CADE) el que podría multar a la compañía constructora con 1.400 millones de reales, el equivalente a casi 452 millones de dólares, según revela el periódico Valor Económico.
A su vez, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, negó que el arresto del mencionado Odebrecht y del titular de la también constructora brasileña Andrade Gutiérrez, Otávio Azevedo, las mayores del país y vinculadas al escándalo de corrupción en Petrobras, vaya a afectar el plan de infraestructura impulsado por el Gobierno.
“Ese plan de concesiones es fundamental para el desarrollo económico y social y será realizado con absoluta transparencia, lisura, y acompañado por todos los órganos de fiscalización”, declaró Cardozo en una entrevista publicada por el diario O Estado de Sao Paulo.
Plan de obras
El pasado 9 de junio, la presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció un nuevo plan de infraestructura por 198.400 millones de reales (unos 64.000 millones de dólares), con el que busca seducir a la inversión privada y recuperar a la maltrecha economía del país.
El nuevo plan, el cuarto que Brasil anuncia en infraestructuras en la última década, abarca obras en los sectores de ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos, que serán ofrecidas en concesión al sector privado nacional y extranjero con una financiación de la banca pública que, según el proyecto, variará entre el 70 y 90 por ciento.
Advertencia oficial
No obstante, los nexos con el caso de corrupción en Petrobras de las más importantes constructoras del país ha sembrado dudas en la ejecución de los millonarios proyectos.
El juez Sergio Moro, que conduce el proceso judicial del caso Petrobras, afirmó que las obras públicas en curso y ese nuevo plan de concesiones pueden ser otra “fuente” para prácticas de corrupción, y que como el Gobierno no impidió que las empresas investigadas participaran de nuevas licitaciones existe ese “riesgo”.
Cardozo indicó que respeta y no comenta las decisiones de la Justicia, pero advirtió que sería “claramente ilegal e inconstitucional cualquier acto administrativo (del Ejecutivo) que aparte las empresas de las licitaciones”, sin comprobarse los delitos y sin permitirles la legítima defensa. “Sería un abuso de poder por parte de la Administración pública”, aseveró el ministro.
La trama de corrupción
Odebrecht y Andrade Gutiérrez, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares.
De acuerdo con la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4% y repartían las diferencias entre directores de la compañía estatal y partidos políticos que amparaban los actos de corrupción.
Las empresas, según las autoridades, eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.
Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al gobierno de Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.