“Los malandros están tranquilos. Ya dijeron que no se van a dejar amedrentar por la policía. Todo el mundo trata de estar antes de las seis en sus casas. ‘El Coqui’ sigue libre y dicen que está en el barrio (…) La policía aparece en algunos sectores y luego desaparece”, así se expresó Carlos (nombre usado para proteger su identidad), habitante de Brisas del Paraíso, en Caracas, al referirse a la toma militar en la avenida Guzmán Blanco -mejor conocida como Cota 905- el 13 de julio, publica El Tiempo.
Ese lugar es una de las “zonas de paz” que se encuentran en el área metropolitana creadas por el Gobierno para favorecer el desarme voluntario de grupos de delincuentes.
Más de un mes después del inicio de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) -despliegue militar contra el hampa- las opiniones permanecen divididas entre quienes observan una iniciativa positiva y los que cuestionan los procedimientos sobre la base de denuncias de violación de derechos humanos, pasando por los que creen que la efectividad de esta iniciativa será nula.
A diferencia de otros operativos de resguardo (tras 16 años de revolución ya suman 23 planes), en este momento el Gobierno ha identificado un agente para la desestabilización: “el paramilitarismo” asegurando que este es el punto de origen de muchos de los recientes crímenes en el país.
Bandas presentes
“Afortunadamente los policías no se han vuelto a meter en las casas, ni se han llevado a nadie. Los Cicpc han estado patrullando por la zona, pero vienen y se van (…) Esto está tranquilo, pero la gente tiene miedo. Ojalá no se olviden del sector”, dijo “Rosa”, otra habitante de la Cota 905.
El experto en seguridad, Javier Gorriño, considera que el Gobierno ha sido “muy ingenuo” al creer que el desarme voluntario ocurriría en esos territorios de paz. Añade que el Operativo de Liberación del Pueblo es “un plan efectista” que no posee repercusión como estrategia de seguridad.
Las “zonas de paz” fueron creadas en septiembre de 2013 como parte del plan denominado Movimiento por la Paz y la Vida, el cual era manejado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos.
No obstante las OLP no se han desplegado únicamente en estos territorios sino también en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela -el martes el presidente Nicolás Maduro ordenó realizar un registro de todos los habitantes del plan gubernamental.
El criminólogo Luis Izquiel apunta que los territorios de paz se usaron para la impunidad y para profundizar el tema del cobro de vacunas, la extorsión o para llevar personas secuestradas. “Se usan para llevar carros robados, para fortalecer el tráfico y venta de droga; en fin para fortalecer la dictadura de esas bandas criminales sobre la gente inocente”, subraya.
Balance
La señora Yudith -quien pidió resguardar su verdadera identidad- tiene una pequeña casa en el barrio La Cancha, donde vive con su familia. Ella, al igual que otros vecinos, afirma que “siguen las amenazas de los delincuentes”. “Ellos siguen aquí en la zona. Pero los policías no se han metido violentamente a las casas como el día del operativo”, dijo.
A juicio de Izquiel, las primeras operaciones que se realizaron no han sido efectivas, y sólo se ha tratado de grandes despliegues con pocos resultados. “Eso demuestra que las OLP se están llevando a cabo sin inteligencia previa (…) No se están deteniendo a los verdaderos azotes”, dijo.
Recientemente la ONG Provea dio a conocer el balance del primer mes del operativo: 21 personas fallecieron entre el 13 de julio -cuando inició el plan- y el 11 de agosto; 4 mil 021 ciudadanos fueron detenidos en Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara en 23 despliegues reseñados por el Ministerio de Interior. Según Provea, 90,8% de las detenciones practicadas fueron arbitrarias e ilegales -sólo en 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos. Asimismo, la organización apunta que 3 mil 463 viviendas fueron allanadas.
Mientras, 200 casas ubicadas en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y demolidas el 24 julio -según la policía, la medida respondía a que la zona estaba controlada por “células paramilitares”.
El despliegue de todos los componentes castrenses en esas operaciones corresponde a la militarización de la seguridad ciudadana, según Izquiel. “El Gobierno cree en la militarización del país como concepción política”, agrega.
Para Laura Roldán, miembro de la ONG Red de Apoyo Justicia y Paz, los operativos no garantizan la seguridad. Mientras, el coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, aclara que están de acuerdo en que el Estado promueva políticas contra la inseguridad, sin embargo, advierte que se deben respetar los derechos humanos. “Para Provea estas acciones son consecuencia de “un discurso de confrontación y de guerra ante la militarización de la ciudadanía”. “Todo este imaginario bélico lamentablemente tiene consecuencias en el accionar de los funcionarios, la deshumanización de las personas, situación que nos parece repudiable”, finaliza.
El ministro de Interior, Gustavo González López, ha asegurado que las OLP seguirán desplegadas en todo el país desarrollando tres fases: preparación, ejecución y consolidación.
Denuncias
Provea ha recibido denuncias de vecinos en algunos urbanismos de la Misión Vivienda en donde existe el control por parte de un “pran o líder negativo” quien toma las decisiones y tiene bajo vigilancia a la comunidad, situación similar a la vivida dentro de los centros de reclusión en el país.
Paramilitares
La abogada Cecilia Sosa calificó como excesivo el señalamiento de que todo detenido en las OLP es “paramilitar, cuando de no existir un procedimiento donde sea probada su culpabilidad, nadie puede ser acusado de un delito”. Objetó que se estigmatice a la población colombiana.
Estado de excepción
La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, consideró que las OLP corresponden a una nueva estrategia sin fundamento de naturaleza normativa, ni de algún decreto ley de la Habilitante. “Lo que sí posee son los rasgos de un estado de excepción de hecho (…) Los estados de excepción tienen cuatro categorías y una de ellas es la conmoción interior, sobretodo partiendo del criterio de la generalización que está haciendo el presidente del ‘paramilitarismo’. En los estados de excepción hay derechos que no se pueden restringir como el derecho a la vida, al debido proceso, pero tampoco puedes incomunicar a la gente”. Criticó las violaciones de los derechos en casos donde se llevó a la gente sin tener órdenes judiciales.
Fracaso
El legislador regional por el Zulia, Eliseo Fermín, indicó ayer que las acciones de las OLP en la entidad son “un fracaso rotundo porque propician el enfrentamiento de pueblo contra pueblo”. Al referirse a la movilización ejecutada en la parroquia Idelfonso Vásquez, Fermín aseguró que las autoridades cometieron abusos. “Consiguieron lugares donde se encaletaban mercancías, hicieron una razzia sin órdenes de allanamiento”, señaló.
Impunidad
El sociólogo Luis Cedeño, miembro de la Organización No Gubernamental Observatorio del Delito Organizado, señaló como un tema preocupante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en los Operativos de liberación del Pueblo ya que el país maneja niveles de impunidad mucho más altos que en años anteriores. “La impunidad es uno de los factores que se traduce en mucha frustración para los funcionarios de seguridad del Estado. Los efectivos se toman la licencia de hacer esas ejecuciones a sabiendas que el sistema no da las garantías de que exista la sanción detrás. En Venezuela ya tenemos 1 mil a 1 mil 200 muertes por resistencia a la autoridad anualmente, y es un número bastante preocupante”, apuntó el vocero de la ONG.