Este martes se conoció que fue denunciado el Juez suplente Especial Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, el Abogado José Gregorio Rubio Delgado, con el propósito de Frustrar una tentativa de fraude procesal entre el juzgador y la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, quien al momento de presentar el acto conclusivo no anunció ni presentó la respectiva experticia comparativa de balística y reconocimiento de objeto para sustentar en un eventual juicio el delito de ocultamiento de municiones. Así lo dio a conocer antes los medios el Dr. Jameiro Aranguren.
Nota de prensa
Dicho recurso se le fue asignado con la nomenclatura R-153837 y fue tramitado por el abogado José Luis Rojas quien en los próximos días estará en el despacho del juez denunciado.
Agotando la vía conciliatoria con el respectivo juez, para contrastar si la denuncia está ajustada a derecho o es infundada por lo que en los próximos días acudiré a la jurisdicción disciplinaria de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia en la Inspectoría de Tribunales para impulsar esta respectiva denuncia, y lograr que se trámite la sanción respectiva como lo es la destitución por la ostensible denegación de justicia, retado procesal, obstrucción a la justicia, falta de citación a las partes y el desconocimiento del derecho que evidencia un error inexcusable.
Lo que expresa Aranguren de esta denuncia: es que la llevará ante la Inspectoría General de Tribunales para ser tramitados ante la Inspectoría General Magistrada, la Dra. Francis Coello, por evidente y manifiesta negación de justicia y error inexcusable de derecho y violación de derechos fundamentales, ya que este juzgador provisorio en varias causas en la cual es parte como es EP01-P-2015-10096, donde el capricho, la negligencia y el desconocimiento del ordenamiento jurídico y la violación al código de ética del juez y jueza venezolano se ha manifestado en estas causas en las cuales según el código orgánico procesal penal se trata de delitos de menor entidad o excarcelables, es decir hurto agravado y ocultamiento de municiones los cuales en su límite superior no rebasan los ocho años que hagan posible una medida cautelar privativa de libertad, sin embargo la violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el sacrosanto derecho a la libertad ha sido conculcado sin importarle que es potencialmente candidato a responder en el ámbito penal, civil administrativo, tal como lo contemplan el artículo 25 de la Carta Magna de la Responsabilidad Funcionarial por sus actos u omisiones.
Finalizó esta entrevista usando frases del Presidente de la Sala Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Dr. Maikel José Moreno, quien ha venido sosteniendo de que ha llegado el momento, …los Jueces de Instancias, Cortes y Magistrados actúen conforme a derecho y no sientan el temor y la amenaza o chantaje de ciertos fiscales que prevalidos de su condición menoscaban la autonomía del poder judicial.