Aunque Venezuela sigue en grave y profunda crisis, noto en el ambiente posterior al 6 de diciembre una alegría llena de esperanzas y expectativas. El país votó mayoritariamente por el cambio de rumbo. Venezuela dio un mensaje contundente a quienes ejercen el gobierno. Les exigió reconocer sus errores. Les conminó a rectificar. La reacción del gobierno ha sido, desde mi perspectiva, contumaz. Maduro y quienes lo acompañan persisten en el error. Ojalá los días de Navidad les abran el entendimiento y asuman las políticas de cambio económico y social que el país pide a gritos. No hacerlo sería cavar su propia fosa.
Por su parte la unidad democrática tiene la obligación de interpretar adecuadamente el mandato popular. Sin estridencias, sin revanchismo, debemos llegar al parlamento a promover leyes que ayuden al país a salir de esta crisis. Debemos además ejercer las competencias de control que ataquen la ineficiencia y la corrupción de este gobierno.
Nuestra propuesta legislativa se basó en tres grupos de leyes: las leyes cero colas para impulsar la producción nacional, lograr el “hecho en Venezuela”, disminuir los controles y generar confianza en nuestra economía; las leyes anti-hampa, con la finalidad de prevenir, mejorar las policías, cambiar el sistema de justicia y vencer a la impunidad; y las leyes para la descentralización, que buscan que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen, que gobernaciones, alcaldías y comunidades organizadas tengan competencias y recursos para mejorar los servicios públicos y lograr calidad de vida para los ciudadanos.
Hemos decidido iniciar nuestra labor legislativa con una ley que está en el tercer grupo de las leyes ofrecidas en nuestra campaña. La hemos denominado Ley del Catatumbo y no es otra que la Ley de Hacienda Pública Estadal. 15 años de Mora tiene esa ley que la Constitución Nacional, en sus disposiciones transitorias, ordenaba fuera sancionada durante su primer año de vigencia. Así como el poder central y los municipios tienen en los tributos importantes fuentes de financiamiento, es necesario que los estados puedan también tener ingresos distintos al situado constitucional, que permitan incrementar sus posibilidades de abordar los diversos problemas a los que se enfrentan. La idea entonces es lograr que parte de los impuestos que pagamos en las regiones se quede en las regiones. Aunque un muy pequeño porcentaje serían nuevos impuestos, el grueso de los ingresos provendría de la redistribución de los impuestos que ya existen.
Con la Ley del Catatumbo se asignará a los Estados la creación, administración y aprovechamiento de varios tributos, entre otros el 50% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de Personas Naturales, el 100% de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las contribuciones especiales (su recaudación es destinada al fomento y organización de una actividad en especial, entre las que se encuentra turismo, educación, vivienda, salud), el Impuesto a las ventas minoristas, el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el Impuesto al consumo, a las ganancias fortuitas, a las Actividades de Juegos de Envite y Azar, así como los Impuestos y tasas ambientales (que gravarán directamente la contaminación ambiental, incluyendo la sónica, o los riesgos de deterioro del medio ambiente, que ocasiona la realización de determinadas actividades).
Hemos iniciado un intenso trabajo de promoción de esta Ley en toda la región zuliana y estamos seguros de que contaremos con el apoyo de todas las regiones del país para lograr dar este gran paso en materia de descentralización. Esperamos que este proyecto sea sancionado en el primer semestre de 2016 y entre en vigencia, luego de una vacación legal, el 01 de enero de 2017.