Hace pocos días asistí a un acto académico en el auditorio del hospital militar de Caracas, Dr. Carlos Arvelo.
Acostumbrado a la parafernalia ritual de los actos normales que se celebran en las universidades venezolanas, donde el protocolo lo impone el rigor de la academia y su Alma Mater. Resultó una jornada marcada por la improvisación, el mal gusto y la arbitrariedad.
Que sea presidido por militares resulta comprensible y aceptable, por cuando los graduandos, médicos que realizaron sus especialidades en diferentes áreas de las ciencias médicas, estaban bajo la supervisión académico-administrativa de autoridades castrenses.
Sin embargo, que en medio del acto el mismísimo encargado del área sociosanitaria del Ministerio de la Defensa, haya tomado el micrófono para destacar el esfuerzo de familiares y amigos de los graduandos, invitándoles a subir al escenario e imponerles, medalla y sobre todo, título, es cosa que llama a reflexión.
Subían madres, padres, hijos, hermanos, abuelos, novias, novios, y demás personas seleccionadas al azar. Mientras el moderador, con voz acartonada y marcial, destacaba los rasgos que distinguían a los invitados.
La reflexión no es tanto la improvisación de llamar a familiares y amigos para colocar los distintivos académicos, como la arbitrariedad de quien es responsable, por ser la autoridad en quien el Estado venezolano delegada atribuciones para otorgar títulos académicos.
Esta serie de decisiones a último momento son una de las características de la mentalidad autoritaria. Individuos que estando en posiciones de jerarquía institucional, violan flagrantemente las leyes y normas establecidas por el Estado venezolano para satisfacer necesidades caprichosas del momento.
Los individuos que ejercen funciones de jerarquía institucionales están investidos por el Estado, con atribuciones concretas, para ejecutar funciones y otorgar a terceros, por autoridad de la ley, títulos y otros documentos, y no personas absolutamente ajenas quienes, si bien han servido de apoyo y soporte económico a sacrificados parientes, pues son simples ciudadanos.
Permitir que terceros sean quienes entreguen títulos académicos es deslegitimar un acto y colocarlo en entredicho. Así, pues, pareciera que la totalidad de la realidad cotidiana venezolana, en sus funciones administrativas, se encuentra gravemente comprometida.
Es el caso de la creación de un supuesto Parlamento Comunal Nacional. Estructura seudojurídica que ha sido constituida en los días finales de las funciones ordinarias de la Asamblea Nacional.
Estas y otras tantas decisiones forman parte de un tipo de mentalidad que se caracteriza por su autoritarismo, militarismo y encuentra su soporte, evidentemente, en la fuerza física de fusiles, pistolas y cañones, y nunca en la reflexión pausada, calmada de las ideas, la lógica y el razonamiento coherentes.
No creo que esta mentalidad que se caracteriza por la arbitrariedad sea de uso exclusivo del estamento militar. Siendo una práctica común, desde hace varios siglos en la administración del Estado venezolano, ha pasado a formar parte de un tipo de venezolano, sea militar que civil, que se jacta del uso que le permite su jerarquía o posición institucional, para administrar e imponer una autoridad, donde sus decisiones se caracterizan por su absoluta improvisación y estado anímico.
Así andamos en la Venezuela del siglo XXI. Tarea de suprema y delicada solución, porque si bien pueda detenerse con decisiones políticas y cambios de personal en las miles de posiciones jerárquicas. Su verdadera desaparición y superación se encuentra en la formación de valores y principios, donde el reconocimiento del Otro, su valoración, respeto y sobre manera, entenderlo como al ciudadano a quien debe servir, involucra un cambio de paradigma: respetar a ultranza la ley y los procedimientos que imponen las normas y el rigor de los actos académicos y protocolares de Estado. Y eso, es cosa de paciente aprendizaje de eso que se llamaba Formación Moral y Cívica.
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