El Observatorio Venezolano de Prisiones como organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, solicita a todos los diputados que conforman la nueva Asamblea Nacional, a instalarse el 5 de enero del presente año, a priorizar la atención de los problemas estructurales que sufre el sistema penitenciario actual, así como la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
El OVP insta a los nuevos legisladores impulsen la implementación de políticas destinadas a procurar el efectivo ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. Para ello es necesario que el nuevo Parlamento requiera con urgencia al Estado venezolano revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos formulada en septiembre de 2012, adhiriéndose nuevamente a ella y admitiendo otra vez la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la nueva Asamblea Nacional debe promover la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, ya que a pesar de que el Estado venezolano firmó este Protocolo Facultativo en el año 2011, este aun no ha sido ratificado por Venezuela. Este instrumento internacional permitirá un mayor monitoreo por parte de Naciones Unidas para colaborar en la prevención y sanción de prácticas de tortura en Venezuela, atendiendo especialmente la condición de la personas que se encuentran privadas de libertad.
De igual manera, los diputados del Parlamento deben impulsar la creación de una Comisión de Derechos Humanos, la cual tenga como principales funciones la discusión de la situación actual en materia de derechos humanos y cuáles son las posibles políticas públicas que debe adoptar el Estado venezolano para garantizar su ejercicio efectivo.
En este sentido, los representantes del Poder Legislativo deben promover la protección a la labor de los defensores de derechos humanos, la cual se ha visto amenazada de forma sistemática en los últimos años por altos funcionarios públicos. Por tanto es indispensable que a través de la actividad legislativa, no sólo se prevenga la promulgación de leyes que criminalicen el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino que a la par existan instrumentos legales destinados a proteger e incentivar el trabajo de defensa de los derechos fundamentales en Venezuela.
El sistema penitenciario venezolano actual sufre una de las peores crisis de su historia. Por ello es imperativo que los diputados al Parlamento prioricen dentro de sus funciones las Reformas del Código Penal; del Código Orgánico Procesal Penal y del nuevo Código Orgánico Penitenciario, el cual fue publicado en gaceta oficial el 28 de diciembre de 2015, debido a que presenta contradicciones con disposiciones constitucionales, como la centralización de las competencias en materia penitenciaria.
Igualmente, dentro de la agenda planteada la Asamblea Nacional debe atender temas urgentes dentro del sistema carcelario venezolano, como son: i) la situación de violencia y corrupción carcelaria que tiene como producto 16.417heridos y 6.581 muertos desde el año 1999 hasta el primer semestre del 2015; ii) las pésimas condiciones de salubridad en los centros de reclusión, la falta de asistencia médica y traslados a hospitales, así como la falta de tratamiento médico a los privados de libertad que lo requieren; iii) la pésima situación de alimentación actual en los cárceles del país; iv) la falta de formación penitenciaria de los guardias custodios que genera crecientes abusos y violaciones de derechos humanos en contra de los privados de libertad; v)las nuevas prácticas disciplinarias del régimen penitenciario actual de corte militar y adoctrinamiento político, así como imposición de castigos que violentan la dignidad de los reclusos.
Asimismo, debido a la creciente política penitenciaria de clausurar centros de reclusión que han presentado situaciones de violencia, Venezuela cuenta con un 190% de hacinamiento crítico en las cárceles e internados judiciales y más del 300% de hacinamiento crítico en retenes policiales, una de las principales causas de la violación sistemática y continua de los derechos humanos de los hombre y mujeres que se encuentran privados de libertad en el territorio nacional. La agenda de la nueva Asamblea Nacional debe estar dirigida a que se reabran urgentemente los centros de reclusión que han sido clausurados, como es el caso del la Cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial de Los Teques, La Cárcel de Cumaná, Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “La Planta” y la Cárcel de Coro, de manera que se pueda combatir el problema del hacinamiento en cárceles y retenes policiales preventivamente.
En este sentido, la gestión parlamentaria de los próximos años debe estar guiada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en Venezuela, cumpliendo de esta forma con las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales adquiridos en los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano.