El Gobierno acelera su imposición del modelo económico comunal con la decisión de apoyar con todos recursos públicos disponibles esta estrategia. Lo observamos en los planes de producción pública donde se crean empresas comunales productivas, microempresas y organizaciones económicas socialistas, que asumen el rol de producir en cualquier actividad que se considere prioritaria para los actores oficiales, sin ocultar la intención de sustituir lo privado.
Es evidente el desplazamiento acelerado de la actividad económica privada por parte de la denominada economía socialista productiva, que incluye la construcción de viviendas, distribución de alimentos, cría de animales y siembras urbanas y rurales, micro empresas, así como miles de empresa artesanales y pequeñas industrias, esto va unido al aparataje económico público que controla el 80% del patrimonio económico nacional.
Esto indica de la gravedad de la situación que está afectando la actividad privada nacional, la cual luce minimizada no solamente por la escasez de materia prima o productos y artículos para vender, sino por la serie de trabas públicas crecientes que la limitan y estrangulan más aún.
Lo observamos en los controles de precios que obligan a las empresas privadas a producir a perdidas, así como las regulaciones y supervisiones de organismos públicos que imponen multas, decomiso de mercancías y hasta privativas de libertad que observamos contra, sus directivos y gerentes.
Lo preocupante es que se repiten los mismos esquemas que se han utilizado en los últimos diez años de repartir dinero a manos llenas para financiar proyectos de producción de alimentos en siembras y cría de ganado, pollos, pesca, empresas de producción social, bancos comunales, desarrollo de infraestructura y vivienda, que cuando son analizados nos demuestran, que no lograron producción significativa y la mayoría de los altos volúmenes de dineros públicos invertidos se perdieron y son irrecuperables.
Esto demuestra que el Gobierno se juega su carta de recuperación política en esta actividad comunal, al crear expectativas en los millones de venezolanos a los cuales vuelven ofrecer y pretenden comprometer en estas actividades comunales como medio de control político electoral.
Lo más grave es que en su empeño en la recuperación del control político que es el voto, no miden ni pretenden darse cuenta del grave daño que hacen a la economía del país. Estrangulan la actividad privada para imponer el modelo económico comunal, con la excusa de que es la verdadera economía productiva.
Enfatizan y repiten hasta el cansancio que el responsable de nuestra crisis es el modelo rentista y la guerra económica propiciada por los actores económicos privados, tratando de cubrir por todos los medios posibles las causas reales que originaron nuestra grave situación socio-económica la cual es culpa del despilfarro y malversación de los recursos petroleros que nos ingresaron en los últimos años, que solo sirvieron para el enriquecimiento súbito de miles de beneficiarios nacionales e internacionales.
Tampoco aceptan que la escasez es responsabilidad de la caída de la producción de las empresas públicas y que la inflación es consecuencia de la impresión de miles de millones bolívares en dinero inorgánico por parte del Banco Central para financiar el déficit fiscal y las elevadas pérdidas de empresas y proyectos públicos.
Lamentablemente se van repetir los esquemas fracasados anteriormente, donde miles de millones de bolívares y de dólares irán a sostener esta economía comunal.
La nación venezolana vera desaparecer las oportunidades de aumentar la producción para mejorar el abastecimiento y la posibilidad de que los recursos públicos invertidos logren soluciones productivas y no se sigan echando en saco roto como alternativa clientelar político electoral.
Nota de prensa