La profundización de la militarización de la gestión pública ha llegado al extremo de designar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el general en jefe con cuatro soles, el militar de mayor jerarquía en el país, como un superministro que tendrá bajo su mando al resto de los despachos del Ejecutivo a efectos de resolver uno de los problemas más agobiantes de los venezolanos: la crisis de desabastecimiento de alimentos, publica El Nacional.
EDGAR LÓPEZ
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Sin embargo, el fenómeno no es nuevo y tuvo un hito importante en la constitución de la Dirección Político-Militar de la Revolución, que apareció como una instancia paralela al Consejo de Ministros, el 5 de marzo de 2013, pocos minutos antes de que Nicolás Maduro, para entonces vicepresidente de la República, anunciara el fallecimiento del presidente Hugo Chávez.
La consolidación de la militarización (término que el ministro Padrino López rechaza) está demostrada en una investigación de la Asociación Civil Convite. Luego de revisar todas las gacetas oficiales publicadas entre julio de 2014 y julio de 2015 (270 en total), la ONG precisó que en ese período fueron designados 105 militares en altos cargos públicos. Los resultados indican que la militarización ha aumentado como única respuesta a la crisis y que no tiene nada que ver con el saneamiento de la economía para afrontar la merma de las importaciones por la caída de los precios del petróleo.
El informe de Convite concluye que el verdadero propósito es “dar una cuota de poder a un sector que se considera clave para mantener al chavismo como sector dominante en la política nacional”.
El politólogo Jesús Sánchez, autor de la investigación, considera que la designación de Padrino López al frente del Comando de Abastecimiento Soberano y Seguro no es una decisión autónoma del presidente Nicolás Maduro: “Quizá esta es una jugada más entramada y el objetivo no sea solucionar los problemas socioeconómicos que se han agudizado con la escasez, sino la defensa de los intereses castrenses, con la mirada puesta en un nuevo gobierno. Los militares que han ejercido el poder público son corresponsables de la actual crisis y algunos de ellos han sido vinculados con la comisión de delitos”.
En el documento de Convite se destaca la intervención de los militares en las políticas públicas para afrontar el desabastecimiento: “En el Ministerio de la Alimentación fue notoria la relevancia de los militares. Dos fueron ministros: el teniente coronel Yván José Bello Rojas y el mayor general Carlos Osorio Zambrano. Dos coroneles ocuparon las posiciones de viceministros: Johan Hernández Lárez (Producción Alimentaria) y Gerson Alexis Montañez Ochoa (Políticas Alimentarias). Otros tantos fueron nombrados en los puestos principales para gestionar empresas alimentarias como CASA, Mercal y Sunagro”.
En total, cinco militares han dirigido el Ministerio de Alimentación durante el gobierno de Maduro. Además de los referidos en el informe de Convite, también han ocupado esa cartera el general de Brigada Félix Osorio, el mayor general Hebert García Plaza y, actualmente, el general de División Rodolfo Marco Torres. Transparencia Venezuela verificó que en 2015 el Ministerio de Alimentación apenas cumplió 38% de sus metas.
Táctica y estrategia
“La respuesta militar no va a servir de nada, porque los problemas de los venezolanos, incluida la escasez de alimentos, no pueden ser resueltos por los militares”, asegura el analista Luis Alberto Buttó.
Y refiere un ejemplo: la declaratoria de estado de excepción que condujo a la militarización de la frontera, se hizo a partir de un falso supuesto: que el contrabando era la razón principal de que los anaqueles de los expendios de alimentos en Venezuela estuvieran vacíos.
Buttó va más allá: la creciente militarización de todos los sectores de la sociedad venezolana tiene como objetivo táctico desmovilizar a la oposición a fuerza de represión. Y el objetivo estratégico, según el catedrático, es imponer la idea del “Estado-cuartel”, al cual define como “un modelo de dominación política que convierte a los militares en un actor político-económico fundamental. La institución militar somete a las instituciones civiles y se instaura el pretorianismo, la acción política de los militares”.
El analista recuerda que el piso jurídico del Estado-cuartel está en la Constitución de 1999, pues al impulso de los constituyentes que participaron activamente en las dos asonadas golpistas de 1992, se eliminó el carácter no deliberante de la Fuerza Armada Nacional. A ello se podría agregar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza a los funcionarios castrenses a involucrarse directamente en actividades de proselitismo político-partidista.
“La Fuerza Armada es una institución concebida instrumentalmente para cumplir órdenes del poder civil, y específicamente en materia de defensa e integridad territorial. En ningún caso están capacitados para diseñar políticas públicas. En América Latina esa ha sido la excusa para que la Fuerza Armada se convierta en un partido político de facto, pero con poder de fuego para aniquilar al resto”, advierte Buttó.