El reciente zarpazo del gobierno de Nicolás Maduro ha puesto de manifiesto la debilidad del entramado institucional y la deriva autoritaria de este régimen militarista. El poder público municipal es un poder autónomo y el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y otras consideraciones constitucionales, revisten de legalidad la recepción de recursos a través del situado a todas las alcaldías del país.
Con este chantaje presupuestario al que pretende someter el gobierno nacional a todas las alcaldías y gobernaciones del país que no firmen el acta de acatamiento que manifestó Nicolás Maduro, tras la presentación ilegal e irrita del presupuesto nacional ante el TSJ, se estaría conculcando la voluntad ciudadana que se manifestó a través del voto y se estarían perjudicando, no a los alcaldes y gobernadores, sino a la ciudadanía al afectarse la prestación de servicios públicos.
Es contradictorio que un gobierno que se hace llamar socialista pretenda establecer diferencias en el ejercicio de un derecho entre quienes firmen un acta y los que no. Este es solo un intento burdo por embarrar de ilegalidad a todas las autoridades regionales y locales, para no caer solo ante tanta violación a la carta magna y su absoluto rechazo a la voluntad de los venezolanos. Desde la Secretaria Seccional de Asuntos Municipales de AD – Carabobo, convocamos a todos las autoridades electas al frente de los gobiernos locales y regionales a mantenernos firmes en un gran frente nacional en defensa de la descentralización y los derechos de los ciudadanos amenazados por esta nueva andanada, más que centralizante, abiertamente antidemocrática.
Np