El Consejo de Caciques Generales de seis sectores asentados al sur del estado Bolívar, a través de un comunicado, rechazó la negativa del gobierno nacional de adjudicar las tierras que los indígenas asumen como propiedad colectiva, amparados en el artículo 119 de la Constitución.
Nota de prensa
En los últimos meses se han realizado tres congresos pemones (el último en la comunidad de Waramasen), para discutir acciones que les permitan asumir de manera definitiva la propiedad del territorio donde viven, así como la exhortación al Poder Público para que atienda las necesidades mínimas de la población sureña, que afirma estar olvidada, por lo que sus voceros han descrito como “la ineficacia de un gobierno, que ha colmado la paciencia de los indígenas”.
La comunicación oficial de la máxima instancia de representación local expresa que “ha existido una burla sistemática por parte de los ministerios para abordar el tema de la propiedad de las tierras y hábitats”, a pesar de haber acordado con Aloha Núñez, titular de la cartera de pueblos aborígenes, sin haber obtenido respuestas que se convirtieran en acciones para evitar el impacto ambiental provocado por la minería descontrolada y la falta de atención a las necesidades fundamentales de quienes habitan en la frontera meridional de Venezuela.
Por otra parte, aseguran que existen bandas armadas que operan al margen de la ley bajo la figura del “pranato”, donde los delincuentes gobernarían en medio de la anarquía que existe en una zona con poca efectividad policial y militar, por lo que exigen de manera inmediata la presencia del Presidente de la República o el Ministro para la Defensa, para proceder a la demarcación de las tierras propiedad de los indígenas, el desalojo de mineros no autorizados, el resguardo de las comunidades, así como el nombramiento de una comisión gubernamental para la atención de las necesidades primordiales de quienes allí residen.
Finalmente, los primeros pobladores del continente solicitan a las instancias correspondientes la simplificación de los trámites para la adquisición de combustible, así como dar continuidad a los proyectos propuestos al Ejecutivo para la construcción de obras turísticas, que permitirían impulsar la economía de los pueblos indígenas de los sectores pemones, arawakos, arawaios y kariñas, que por los momentos recurren a la atención del Estado brasilero para obtener el apoyo que manifiestan necesitar en territorio venezolano.