La Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro busca crear “condiciones” para los procesos electorales que están en camino en Venezuela, incluidas las presidenciales del 2018, dijo el martes el Gobierno, reseña Reuters.
Pero la oposición insistió en que la intención del proceso es, por el contrario, dilatar los comicios regionales previstos para este año y las presidenciales de fines del 2018, lo que supone el “zarpazo” final a la democracia en el país.
Desde muy temprano el martes, decenas de opositores bloqueaban varias vías de Caracas y las principales ciudades del país en rechazo a la medida adoptada por el mandatario.
“Uno de los temas que busca la Constituyente es buscar condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales que están en marcha (…) y los que vienen en 2018, las presidenciales”, dijo el martes Elías Jaua, presidente de la comisión para la activación de la Constituyente.
“No hay condiciones de normalidad y es lo que busca la Constituyente: un mínimo de condiciones para poder ir a unas elecciones que no terminen en una lucha fratricida entre los venezolanos”, agregó en una entrevista con el canal estatal VTV.
El Gobierno socialista de Maduro asegura que está siendo víctima de un golpe de Estado continuado luego que la oposición iniciara hace un mes una ola de protestas reclamando elecciones adelantadas, la liberación de un centenar de “presos políticos” y la separación de los poderes públicos, entre otras demandas.
Sus adversarios sostienen que Maduro se ha convertido en un “dictador” que encierra a los disidentes y que sólo quiere eternizarse en el poder al eludir las urnas.
Minutos después Jaua, actual ministro de Educación, dijo que “en principio”, todos los cronogramas electorales en curso “deben desarrollarse”: “Claro que antes del 31 de diciembre del 2018 tienen que haber elecciones presidenciales”, adelantó.
La Constitución venezolana permite al Presidente de la República, a los dos tercios de los miembros del Parlamento y al 15 por ciento de los electores inscritos convocar una Asamblea Constituyente.
Una vez elegidos los constituyentes a través del voto popular, estos deben redactar una nueva carta magna que no podrá ser objetada por el Presidente de la República ni por los demás poderes públicos y que derivará en comicios generales para reemplazar todos los cargos de elección popular.
Jaua dijo, sin elaborar, que la elección de los constituyentes se hará en dos niveles: territorial y sectorial. Una condición que la oposición rechazó por considerar que los miembros serían elegidos únicamente entre el oficialismo.
“El anuncio del presidente Maduro aparece como un paso más hacia la autocracia y podría derivar en más presión de la oposición y la comunidad diplomática”, dijo Siobhan Morden, de Nomura, en una nota a clientes.
Más protestas
Desde muy temprano el martes, decenas de opositores bloqueaban varias calles y autopistas de Caracas y las principales ciudades del país en rechazo a la Constituyente. Con carteles de “renuncia dictador” y banderas de Venezuela, algunos impedían el tránsito generando gran caos vehicular.
Otros cerraron las vías con basura y escombros a los que le prendieron fuego. En algunas zonas, la Guardia Nacional intentaba levantar las barricadas y combatía a los manifestantes con gases lacrimógenos.
“No es una Constituyente por elección sino una Constituyente comunal: va a ser un grupo muy pequeño y el otro lo van a medio elegir, el poder va a quedar en muy pocas manos, en las de ellos. Sería una dictadura total”, dijo Mayo Mata, una enfermera de 36 años que protestaba en una zona de clase media de Caracas
“En Venezuela hay una verdadera crisis, crisis humanitaria. El objetivo es no cansarse hasta lograr sacar a este Gobierno”, agregó.
La oposición ha convocado a sus partidarios a seguir en las calles hasta que se celebren elecciones adelantadas que permitan elegir al sucesor de Maduro, a quien culpan por la grave crisis económica que sufre el país petrolero.
En 1999, a poco de haber asumido, el fallecido presidente Hugo Chávez convocó a un proceso constituyente que, entre otras cosas, derivó en un aumento a seis años del período presidencial y permitió a la población revocar los cargos públicos.
Por Diego Oré/Reuters