La forma de gobierno democrática cuenta con un bagaje de principios que han sido resultado de innumerables lides históricas, desde donde ha sido posible la conquista de los derechos políticos que en la época contemporánea son los responsables de asegurar ciertos estándares de bienestar y equilibrio democrático, para garantizar los procesos de convivencia en las diversas comunidades políticas.
Entre las condiciones políticas que tienden a convertirse en relevantes para asegurar los estándares de convivencia deseados, las relaciones entre los civiles y militares, dentro del sistema de gobierno democrático, ha concentrado el interés de pensadores en diferentes épocas, justamente al constituir un tipo de interacción clave desde donde se ha hecho depender, no en todos, pero sí en la mayoría los casos, la estabilidad democrática, al ser un importante indicador desde donde se puede evaluar el nivel de fortaleza (o debilidad) institucional, y el desarrollo (o atraso) de la cultura democrática, de un Estado determinado.
Precisamente, en América Latina el tema referido a las relaciones entre civiles y militares, durante el siglo pasado, ocupó toda la atención, al ser un asunto espinoso que fue objeto de múltiples debates en foros académicos y políticos, desde donde se podía explicar parte del drama latinoamericano; las razones de inestabilidad en los gobiernos de la región, en la mayoría de los casos, presentaba como elemento común la falta de controles civiles democráticos auténticos hacia el estamento militar, ausencia de independencia de poderes, corrupción, y el uso extralimitado de la fuerza como mecanismo político para asegurar la permanencia en el poder, bajo conceptos ideológicos foráneos a cualquier lógica democrática.
A pesar de que muchos países de la región pudieron encontrar la senda democrática, algunos todavía no han logrado tener la misma suerte. Venezuela sigue siendo referencia en el continente, y en el mundo, como una forma de gobierno donde prevalece el delito y la opresión, y abiertamente se usurpa la voluntad de su pueblo, bajo la mirada complaciente de una Fuerza Armada Nacional, que funge como actor político partisano, con absoluta disposición, no para defender los intereses del pueblo, sino para colocar sus servicios a la voluntad de una élite política sagaz, que prefiere su bienestar egoísta al de todo un pueblo, condenándolo a resistir y sufrir las consecuencias de sus errores económicos, cuyos resultados siguen siendo los más trágicos de nuestra historia.
En un sistema de gobierno democrático auténtico los ciudadanos disponen de una estructura institucional que garantiza la protección y la prevalencia de los civiles sobre los militares; donde estos últimos deben obediencia y servicios a los primeros, y no al contrario.
Sin embargo, los regímenes políticos anómalos, reversos a esa esencialidad democrática, se caracterizan por una relación absolutamente diferente. La realidad venezolana es un claro prototipo de un sistema de gobierno que coloca en vulnerabilidad el modelo democrático: pues, en esta realidad cualquier indicio de control civil democrático es sólo una fachada, a través de la cual se pretende ocultar una relación paradójica, dónde el sector militar ejerce el verdadero poder sobre los civiles, cuyos instrumentos constitucionales consagrados para su defensa usualmente son deslegitimados y aplicados con molicie.
Desde la era Hugo Chávez, hasta nuestros días, las acciones políticas han estado dirigidas en otorgar un papel preponderante al sector militar con el firme interés de vulnerar los principios de una auténtica democracia, para generar temor y dominar a la sociedad en su conjunto. Este fue un plan que tuvo sus raíces en la experiencia cubana, y ahora pretende regir cada uno de los órdenes sociales que conforman la totalidad de nuestro sistema político.
La abierta y desmedida participación del estamento militar en asuntos referidos al ejercicio del gobierno; la autorización para su intromisión en actividades que guardan relación con la producción y distribución de la alimentación; su participación en el sistema educativo; todo ello confirma nuestra hipótesis: nos encontramos frente a una forma de gobierno acéfala que irrespeta los parámetros constitucionales, conforme a los cuales el sector militar debe exclusivamente sus servicios a su patria, sin responder a parcialidad política, o ideología alguna.
El cambio político en el sistema político venezolano deberá plantearse como norte la necesidad de fortalecer nuestra cultura democrática civil. La sociedad venezolana por mucho tiempo ha visto doblegados sus intereses ante una democracia uniformada, autorizando toda clase de atropellos bajo la sombra de las armas. En este sentido, sólo a través la solidez de nuestras instituciones, y la difusión de valores políticos que estimulen la autonomía ciudadana, podremos fortificar una cultura de respeto a la ley, donde pueda ser garantizado el control civil como estructura política-constitucional para asegurar el carácter profesional, y no proselitista, del estamento militar. El nuevo gobierno tendrá toda una gama de desafíos y retos que deberán ser manejados con profundo cuidado, por su función en la estabilidad política en el país. Sin duda, las relaciones entre civiles y militares entran dentro de este epítome. Su correcta definición logrará determinar el nivel de calidad democrática de la cual estamos hechos, o de la cual todavía carecemos.