Es interesante analizar los procesos políticos de otros países hermanos, especialmente cuando ellos presentan grandes similitudes, pero además, si son aliados y siameses autocráticos, resulta más interesante, porque ello nos permite esclarecer si nuestras políticas son acertadas o, por el contrario, copiamos los mismos errores que nos llevan a las mismas consecuencias políticas, es decir, atornillar en el poder a quien queremos más bien desplazar dentro de los mecanismos constitucionales y democráticos, aunque esto suene para algunos contradictorio.
En Nicaragua, el proceso electoral presidencial del 6 noviembre del 2016 que le dio el triunfo por cuarta vez a Daniel Ortega y la tercera consecutiva, estuvo rodeado de cientos de irregularidades, entre ellas, el haber preparado un camino electoral que le garantizara a Ortega un triunfo sin mayores dificultades.
El gobierno sandinista ha logrado controlar la institucionalidad del Estado, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, etc.; ha realizado una labor similar al proceso de cooptación institucional del régimen bolivariano de Maduro en Venezuela. En este sentido, implementó un trabajo sistemático para desmontar a toda la oposición y cerrarle los espacios políticos: primeramente, utilizando la Corte Suprema de Justicia para quitarle a Eduardo Montealegre, la representación del Partido Liberal Institucional (PLI), máximo líder de la oposición, para dárselo a una facción interna del partido, muy similar a lo que ocurrió aquí en Venezuela con el Partido Copei, sin tener la significación que tuvo en Nicaragua. Acción que fue seguida por el Parlamento controlado por el sandinismo, que de inmediato sustituyó a 28 diputados del PLI por no haber reconocido como líder a ese nuevo Jefe del partido y prácticamente diluyó al partido y la alianza que había sido la más votada después de Ortega en 2011.
La oposición se ha presentado dividida y enfrascada en luchas internas, en odios y peleas por el liderazgo, más que en la búsqueda de objetivos políticos comunes, perdidos en los intereses personales y partidistas y no en el interés nacional, semejante a los pleitos internos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El discurso de la oposición se centró en el tema de la institucionalidad política, en las violaciones de las normas democráticas, en las condiciones electorales, en lugar de conectarse con los problemas de la gente y las demandas sociales. Esta posición de la oposición nicaragüense nos puede sonar “como ya vivido”.
La oposición nicaragüense se centró en criticar y atacar a los candidatos que participaban como contendores de Ortega, acusándolos de ser parte del juego electoral sandinista, el cual usaba supuestamente para relegitimar su reelección; los mismos argumentos que usan los partidos de la MUD y las organizaciones sociales radicales en Venezuela, contra la candidatura de Henri Falcón para las elecciones del 20 de mayo en Venezuela.
Es importante destacar que en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, Ortega no permitió la observación internacional, como era costumbre con la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otras, pero a donde sí asistieron al famoso “acompañamiento electoral “con organizaciones afines, como la CELAC, etc.; igual que sucederá aquí en Venezuela en nuestras presidenciales de mayo.
Finalmente, la oposición nicaragüense realizó una campaña para la abstención en el proceso electoral, con la argumentación, por un lado, de deslegitimar al régimen sandinista y, por el otro, con la creencia de que con una abstención masiva se repetirían las elecciones, pero esta vez con condiciones: observación internacional y una verdadera participación plural de partidos. Las elecciones se produjeron y Ortega ganó, la oposición y algunos observadores independientes señalaron que la abstención rondó entre el 60 y el 70%. El gobierno señaló que había estado en 35%, pero lo que sí entendieron los desengañados nicaragüenses el 7 de noviembre es que amanecieron nuevamente con Ortega de presidente.
La realidad de la Comunidad Internacional frente al proceso electoral de Ortega fue sorprendente, pues finalmente la OEA terminó asistiendo a los comicios electorales como “acompañante electoral” los días 5, 6 y 7 de noviembre, constatando una manifiesta gran abstención electoral. No obstante, igualmente terminó avalando el proceso electoral cuando el Secretario Luis Almagro respondió el día después de la reelección de Ortega (7/11/2016) a la cadena CNN que “el resultado de las elecciones no es sorpresa, las encuestas señalaban eso y la victoria del presidente Daniel Ortega era algo que todo el mundo sabía a priori”.
Tomemos apunte: allí terminó el cuestionamiento al proceso electoral amañado del gobierno sandinista. Posteriormente, la OEA elaboró un informe sobre el deterioro del sistema electoral nicaragüense, cuyo contenido no ha sido del dominio público, pero en ningún momento descalificó en forma directa o en público la reelección de Ortega. En otras palabras, legitimó lo que la oposición denunciaba como un proceso electoral fraudulento y lo peor de todo es que la dictadura sandinista todavía permanece en el poder.
La cruda realidad de los nicaragüenses que se despertaron después del 6 de noviembre del 2016, con el triunfo de Daniel Ortega y su esposa como Vicepresidente de la Nación, a pesar de las protestas de fraude electoral de la oposición, de la abstención y el desconocimiento de la Comunidad Internacional por la forma y condiciones como se realizaron las elecciones, fue que Ortega ha sido reelecto y actualmente, esa funesta y oscura pareja ejerce la Presidencia de la República de Nicaragua, por lo tanto, la oposición nicaragüense tendrá que esperar cinco años más (hasta el 2021) para intentar nuevamente a través de nuevas elecciones, desplazar el sandinismo. Carlos Chamorro escribió frente a esta realidad política: “pero ahora queda más claro para todos que la salida nacional ante esta encrucijada no reside en los organismos internacionales o en la comunidad donante, sino únicamente en la soberanía popular”. Yo diría que la cruda moraleja de esas elecciones: “Solo la unidad de la oposición y la participación masiva, derrota las dictaduras, no la abstención”.
La verdad es que este sobrevuelo del proceso político y electoral presidencial del 6 de noviembre de 2016 en Nicaragua, debe hacernos reflexionar a los venezolanos y vernos en ese espejo del perverso régimen dictatorial de Daniel Ortega, en donde la abstención no terminó deslegitimando al régimen y la Comunidad Internacional terminó haciéndose el musiú, para que de esta forma, no nos pase lo mismo y amanezcamos el 21 de mayo venidero con la reelección de Nicolás Maduro, legitimado o no, y tengamos que aguantarnos seis años más de este maligno y retorcido gobierno bolivariano, que nos convertirá literalmente en un país portátil. ¿Quiénes asumirán esta responsabilidad? De lo que sí estoy seguro, es que el liderazgo opositor que está en permanente gira en el exterior, no regresará para enfrentar al régimen bolivariano; imagino continuarán plácidamente con sus giras informativas, solicitando “condiciones electorales democráticas” para participar en 2024… ¡Claro está, si no gana Falcón!