Como asfixiantes, abusivas y de espanto, catalogó Cástor González, abogado especialista en propiedad intelectual, las nuevas tarifas publicadas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) para la protección de las diversas prestaciones intelectuales, a propósito del “madurazo” anunciado el viernes pasado, lo cual a su juicio, convierten en prohibitivo y confiscatorio para cualquier creador venezolano la protección de sus derechos intelectuales.
– Desde el pasado martes 21 de Agosto, el SAPI hizo efectivo un aumento confiscatorio que implica que la sola petición de registro de una marca cueste de entrada más de CUATRO MILLARDOS DE BOLIVARES FUERTES o CUARENTA Y DOS MIL SOBERANOS, lo cual supone por lo menos casi VEINTICUATRO (24) de los recién anunciados salarios mínimo o lo que es lo mismo que un aumento del QUINCE MIL POR CIENTO (15.000%) en relación a lo que se cancelaba, que alcanzaba a DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES, advirtió el también presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana.
En este orden de ideas, el especialista en propiedad intelectual dijo que el aumento desproporcionado ejecutado por el SAPI, no guarda proporción alguna con las medidas recién anunciadas. ·”Esto es tan grave que quedan sin acceso y totalmente desprotegidos los pequeños y medianos emprendedores venezolanos que ante la necesidad de proteger sus creaciones, solo para saber si su marca está disponible para registro, tendrán que pagar por adelantado y sin garantía de nada, casi DOS MILLARDOS DE BOLIVARES FUERTES o DIECISIETE MIL BOLIVARES SOBERANOS”, manifestó.
Asimismo, amplió que esta medida coloca en igual situación a los autores, compositores y artistas, debido a la improvisada e inconstitucional decisión del SAPI, argumentando además que para la protección de cualquier obra literaria, científica o artística, nuestros creadores desde ayer deben contar nada más y nada menos que con MIL DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES FUERTES o DOCE MIL BOLIVARES SOBERANOS.
– Las nuevas tarifas del SAPI van en contravía de lo consagrado en la Constitución, que en su artículo 98 prevé que el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las invenciones, las innovaciones y los signos distintivos; al hacer prohibitivo, confiscatorio e inviable para todos los ciudadanos el acceso a la protección de sus creaciones, dijo.
Finalmente Invitó a las autoridades del SAPI a recapacitar y a cumplir con su mandato constitucional, promoviendo el acceso efectivo a los creadores a la protección de sus prestaciones intelectuales, teniendo siempre en cuenta que se trata de un derecho humano fundamental, al tiempo que los emplazó a ser congruentes con el denominado plan de recuperación económica, y con la supuesta defensa activa de los pequeños y medianos emprendedores que se promueve desde el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, pues considera que con medidas como la antes señalada, parecieran ir en la vía contraria, y más bien sabotear lo que se dice en un plan para el rescate del país.
Nota de Prensa