Los recientes ataques del ELN a militares venezolanos en el estado Amazonas y a mineros en el estado Bolívar no solo reflejan el poder militar del grupo guerrillero, sino que se suman a una serie de hechos durante el 2018 que es.insightcrime.org
El 4 de noviembre tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) murieron y otros 10 resultaron heridos tras ser atacados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en el estado Amazonas. El ataque fue una respuesta a la detención en el estado de Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, cabecilla del grupo irregular de importancia para Colombia –con alerta azul en Interpol-, y a otros tres miembros más de esa guerrilla.
Ortega Bernal tenía en su poder varios documentos de identidad venezolanos, incluidos el carnet de la patria (un instrumento de control que usa el gobierno venezolano para acceder a programas sociales subsidiados) a nombre de Gabriel Alfonso Ariza Suárez.
El hecho -que ha sido el enfrentamiento más significativo entre la guerrilla colombiana y militares venezolanos en los últimos años- motivó un pronunciamiento de la cancillería colombiana; así como una tímida y tardía reacción del Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien desde su cuenta de twitter rechazó la presencia de cualquier grupo armado en el país. Pero nunca identificó al ELN como la organización criminal responsable de la agresión.
Padrino criticó además la “incapacidad del Estado colombiano, de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico”. Pero contrario a los comentarios de Padrino, InSight Crime logró identificar la presencia del ELN en 12 estados de Venezuela (la mitad del país), mediante un monitoreo de las denuncias publicadas en prensa en 2018 sobre la actividad de esta guerrilla en territorio venezolano, los informes de algunas ONG y las informaciones suministradas por fuentes oficiales en las zonas fronterizas.
Según estos registros el ELN tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Allí estaría desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico y minería ilegal, entre otras.
La última incursión en Bolívar, el 14 de octubre, dejó como resultado seis personas ejecutadas en el municipio de Domingo Sifontes, la más importante zona minera del país, donde el gobierno Venezolano desarrolla el proyecto Arco Minero. Este hecho no solo mostró el poder que la guerrilla colombiana tiene en territorio venezolano, sino que puso de manifiesto el largo recorrido que han hecho, para tener presencia en la mitad del país.
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