El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) interpuso hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por considerar que busca “controlar y destruir” el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
“Es un recurso de carácter parcial, contra algunos artículos que le atribuyen funciones injerencistas y desproporcionadas a la UAF para buscar cómo controlar y destruir el trabajo de las organizaciones civiles sin fines de lucro”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a periodistas.
Según el recién aprobado reglamento, las organizaciones sin fines de lucro tienen hasta el 3 de diciembre próximo para registrarse ante la UAF y presentarle toda su actividad administrativa y financiera, así como el origen y destino de los fondos que reciben, bajo pena de sanciones temporales o suspensiones definitivas.
Una violación a las normas de la UAF podría hacer que las ONG caigan en violaciones a la “Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, aplicada a personas que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega, recordó el Cenidh.
El recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un grupo de nueve activistas del Cenidh, liderados por Núñez, quien afirmó que el objetivo del Gobierno es “institucionalizar, con estas facultades, una persecución de carácter jurídico”.
La aparición de la Ley de la UAF, como la de Lavado de Activos y el recurso del Cenidh, se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado 602 “presos políticos”, además de entre 325 y 535 muertos en protestas contra Ortega, según organismos humanitarios.
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El Gobierno reconoce 273 presos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”, así como 199 víctimas mortales.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El presidente Ortega rechaza los señalamientos y afirma que superó un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
EFE