Desde hace varios años la empresa productora de medicamentos SM Pharma C.A., sus accionistas y compañías relacionadas han sido objeto de constante acoso gubernamental y gravemente lesionadas por medidas ilegales de diversas autoridades venezolanas, lo que derivó en una confiscación absoluta de todo su patrimonio a partir de de 2018 a manos de la Gobernación del Estado Zulia, el Consejo Legislativo del estado y luego, en forma directa, por el Ejecutivo Nacional en 2019.
Como legítimos propietarios: Raimundo J. Santamarta Devis, Raimundo Esteban Santamarta Ortega, SM Pharma C.A. y el Grupo SM Esamar, C.A. iniciaron acciones previas a un posible arbitraje internacional y, por esa razón, instruyeron a la firma de abogados WDA Legal de Miami para iniciar un diálogo cordial y de buena fe con las autoridades venezolanas, quienes ya fueron notificadas formalmente en abril pasado, en aras de alcanzar un arreglo, respetando los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Protección de Inversiones entre Venezuela y España (APRI Venezuela- España) y el Derecho Internacional.
El APRI Venezuela- España, en su artículo XI (1)(2), establece un período de seis (6) meses durante el cual el gobierno anfitrión (Venezuela), debe atender y negociar de buena fe con el inversionista extranjero afectado injustamente por las medidas gubernamentales del primero. De no producirse un acuerdo amistoso, el inversionista queda facultado para iniciar un arbitraje internacional que será resuelto de acuerdo a ese APRI y el derecho Internacional consuetudinario.
Los legítimos propietarios:
– Rechazan categóricamente las recientes declaraciones del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, acerca de la supuesta recuperación productiva de la planta, donde “solo se producían dos medicamentos y, actualmente, se producen 60”. Denuncian que tales falsedades publicadas en videos a través de la red social Twitter, son una manipulación que obedece al interés personal del mandatario regional; ya que cuando fue ordenada la ocupación forzosa de la empresa, SM Pharma producía 60 medicamentos, atendiendo a 7% del mercado nacional, con énfasis en 24% del arsenal terapéutico de los programas de salud, en suministro a la red hospitalaria.
– Informan que, a través de las aduanas del país, han podido constatar que no ha habido importación de nueva materia prima desde que la empresa fue confiscada ilegalmente por el gobierno regional y nacional. Para el momento de la confiscación, SM Pharma poseía inventarios de materia prima para atender la producción de más de 60 moléculas para los medicamentos antes mencionados; prueba de ello es que los ocupantes ilegales insisten en haber mantenido la producción de todas estas moléculas, pero todo ello ocurrió sin haber importado ni un gramo de materia prima. Es falso el argumento que la planta estaba por debajo de sus volúmenes de producción.
– Alertan al país acerca del grave riesgo que constituye la ejecución y materialización de las medidas gubernamentales en contra de SM Pharma C.A., que han traído como consecuencia parte de la escasez de medicamentos que padece la población venezolana y, adicionalmente, un alto riesgo de intoxicación y amenaza a la salud pública, en virtud, entre otras razones, de la impericia y la grave contaminación con cargas microbianas que se ha generado en sus instalaciones por la irresponsabilidad de no haber adquirido los agentes para la desinfección de todas las áreas, incumpliendo así los protocolos de asepsia y descontaminación. Esta situación se ha agravado, recientemente, debido a la infestación de roedores en varias áreas de la planta.
– Hacen responsables a los ocupantes ilegales, de cualquier complicación de salud en los consumidores finales por el uso de cualquier producto fabricado a partir de la fecha de la confiscación de la empresa. Por esta razón, advierten a la población que no se responsabilizan de la seguridad y calidad de los productos hechos o comercializados a partir de la ilegal ocupación gubernamental.
– Denuncian que han tenido conocimiento acerca de graves irregularidades en la escasa producción y distribución de las pocas elaboraciones fabricadas de productos farmacéuticos, lo que evidencia el entramado de corrupción que tiene su base operativa en la Gobernación del estado Zulia. Esta práctica fue iniciada por Fundasalud -un instrumento del gobierno regional anterior-, extrañamente transferida a la actual gestión. La empresa Pharmavenpro es actualmente utilizada por el gobierno regional para el control de la producción y distribución irregular de los medicamentos, sin el registro en las guías de Farmapatria, hacia dudosos destinos. S.M Pharma constató la veracidad de estos lamentables hechos y su continuidad hasta la presente fecha, gracias a la información aportada por distribuidores y a través del acceso a documentos que así lo prueban.
– A la fecha, de acuerdo a información oficial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), SM Pharma no ha consignado la declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, tampoco los registros de inventario. En este sentido, alertan que tales irregularidades son responsabilidad exclusiva de la nueva junta directiva de la empresa, tras su confiscación ilegal en septiembre de 2018.
Raimundo J. Santamarta Devis, Raimundo Esteban Santamarta Ortega, SM Pharma C.A. y el Grupo SM Esamar, C.A., ratifican su compromiso con Venezuela y ofrecen su experticia para ayudar y apuntalar cualquier iniciativa pública o privada encaminada a restablecer la producción de fármacos en el país, pero exigen, con el debido respeto, el reconocimiento de sus derechos y garantías, reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico venezolano como por el derecho internacional.
Nota de prensa