El general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, excomandante en jefe del Ejercito de Chile (2010-2014), fue imputado hoy como presunto autor de lavado de activos, en el segundo caso de corrupción que lo implica, informaron fuentes judiciales.
Fuente-Alba ya había sido procesado y puesto en prisión preventiva el pasado febrero por la jueza especial Romy Rutherford por el delito de malversación de unos 3.500 millones de pesos chilenos (unos 5,10 millones de dólares) provenientes de gastos reservados del Ejército.
En el contexto de aquel delito primario, el fiscal José Morales acusó hoy al general acciones tendentes a ocultar o disimular el origen de aquellos dineros mediante distintos mecanismos, entre ellos depósitos “sin fundamento” o de “origen desconocido” a distintas cuentas, entre ellas algunas a nombre de su esposa.
En el VII Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal detalló que Fuente-Alba compró vehículos de lujo, de marcas como Audi o Porsche, que pagaba en cuotas con distintas tarjetas bancarias, 17 en total, de entidades financieras nacionales o extranjeras.
El dinero de esas tarjetas provenía también de gastos reservados del Ejército, dijo el fiscal, que añadió que el general, en algunas ocasiones, no inscribió de inmediato los vehículos a su nombre, “para evitar establecer su origen ilícito”.
Como ejemplo, dijo que una vez compró un automóvil a nombre de su hijo que, algunos meses después fue vendido y el dinero fue depositado en un fondo mutuo a nombre del militar por testaferros.
También le imputó la compra y venta de inmuebles con fondos ilícitos, figurando en algunos casos como compradores y/o vendedores sus hijos.
Las maniobras le permitieron a Fuente-Alba concretar “un importante e injustificado” incremento en el patrimonio familiar, por montos no justificados por 4,22 millones de pesos (unos 616.000 dólares), además de 341.000 dólares en moneda estadounidense.
Según el fiscal, el imputado realizó entre enero del 2010 y mayo del 2014 gastos por 7.324 millones pesos (unos 10,69 millones de dólares), que no se justifican con los ingresos formalmente declarados en su condición de funcionario público, que en el mismo período sumaron 155.452.000 pesos (unos 226.930 dólares).
Tras la exposición de los hechos, el fiscal Morales solicitó la prisión preventiva para Fuente-Alba, pero el juez, Patricio Álvarez, consideró que no era el momento de decidir, considerando que el militar ya se encuentra en esa condición en un batallón de Policía militar.
Agregó que en el caso de que Fuente-Alba recobre su libertad, habrá tiempo para revisar las medidas cautelares y resolvió dejarlo sólo con arraigo nacional (prohibición de salir del país), además de fijar un plazo de 180 días para la investigación. EFE