Salir a dar la cara en menos de 24 horas fue la primera señal de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no iba a dejar pasar por alto el polémico artículo publicado que denunciaba un entramado de corrupción en Cúcuta. El digital «Panam Post» publicó una información donde daba cuentas del supuesto desvío de fondos por 90.000 dólares por parte de los dos representantes de Guaidó encargados de coordinar el tema de los militares que desertaban del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó atiende vía telefónica a ABC después de presentar una de las vertientes del Plan País en la Universidad Metropolitana en Caracas, para aclarar las acusaciones sobre el caso de Cúcuta, la gira política interna y las divisiones dentro de la oposición. Así lo reseña abc.es
Se ha generado una gran polémica tras las informaciones sobre la malversación de fondos por parte de sus delegados en Colombia. ¿Qué ha pasado con esos fondos? ¿Cuál es la versión oficial del presidente Guaidó?
Como todos saben, hay una emergencia en Venezuela. Hemos estado desde principios de año recogiendo insumos, comida, medicinas para poder atenderla. El 23 de febrero se suscitó una situación inédita con los militares que desertaron a Cúcuta y se pusieron del lado de la Constitución y a favor del cambio en Venezuela. Ellos se han adscrito a un convenio que hicimos con Colombia para regularizar su estatus. Fue un proceso de adaptación rápido porque Acnur y el Gobierno colombiano ayudaron, pero llegó un punto que la situación se saturó porque hay más de 900 militares, en total, más de 1.600 personas si contamos con sus familiares. Esto nos obligó a buscar ayuda para atenderles. Y nos llevó a nombrar a dos personas. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación sobre el manejo administrativo de esos fondos, incluso ayer (por el martes) fue a la Fiscalía la investigación colombiana, que incluso solicitamos por lo importante que es para nosotros la transparencia. Yo soy el primer interesado. A estas dos personas las separamos de su cargo y están en proceso de investigación.
Se le ha reprochado que haya tardado mucho en pronunciarse sobre lo que ha pasado en Cúcuta…
Porque es una una investigación que ya está en curso.
¿Qué criterios se siguieron para otorgar la administración de fondos a Kevin Rojas y a Rosana Barrera?
Son dos activistas y estaban en ese momento perseguidos. Forman parte del equipo operativo del estado Táchira. Su función era atender a un porcentaje de entre 104 y 140 militares, cooperar con ellos en su atención: hospedaje y comida.
¿Por qué no eligió a personas con mayor legitimidad, como diputados que viven exiliados en Colombia, y sí a estos dos activistas?
Primero, porque eran funciones netamente operativos; y después, porque los diputados ya tenían otras funciones, en materia de salud, de recaudación, de alimentación…
Se habla de que supuestamente se podrían haber apropiado de 90.000 dólares.
Ese es el manejo total de los fondos destinado a los militares para hospedaje y alimentación. Sobre esa cifra se está haciendo la investigación para que haya absoluta transparencia.
Usted ha afirmado que ese dinero procede de donaciones realizadas por particulares para apoyar la lucha de la oposición.
Exacto.
¿Cuáles son las medidas que ha tomado para esclarecer esta situación?
Retiramos a estas dos personas del cargo, mandamos la investigación a la Fiscalía colombiana, le pedimos a Transparencia Internacional que hiciera una auditoria no solamente del tema de manejo de la asistencia a los militares, si no de todo lo que tenga que ver con la ayuda humanitaria, en general. Estamos en proceso para designar un Contralor especial de cara al cese de la usurpación. También remitimos la investigación a la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional venezolana. Hay que diferenciarse de lo que fue el régimen que desfalcó 330.000 millones de dólares.
Un mes y medio después del levantamiento cívico-militar del 30 de abril, ¿puede decirnos que pasó aquel día? ¿Se había realmente negociado la salida de Maduro como se dice?
Desde el 5 de enero (cuando Guaidó fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional) nosotros venimos diciendo que vamos a negociar con funcionarios, civiles y militares, que estén de acuerdo con el respeto a la Constitución, con el cese de la usurpación y la celebración de elecciones libres. Para nosotros es importante la presión interna, la calle, la función de las Fuerzas Armadas de cara a la transición. Lo que pasó el 30 de abril es un reflejo de todos esos ingredientes: de Fuerzas Armadas descontentas, de la decisión de Christopher Figuera (responsable del Servicio de Inteligencia Bolivariana), de la gente que salió a respaldar en las calles esa iniciativa de los militares, de funcionarios que quieren ponerse del lado de la Constitución y del cese de la usurpación. Lo que sucedió el 30 de abril fue ejemplo de eso. Y a todas luces faltan más para seguir el proceso de cambio en Venezuela.
¿Pero se había negociado la salida de Maduro?
Ahora hay una transición para el ceso de la usurpación para tener elecciones libres. Todavía hay una dictadura. Muchos de los funcionarios y militares que están todavía en esta fase de la Operación Libertad, y estamos trabajando en incorporar muchos más para lograr el cese de la usurpación.
Hay quienes aseguran que la liberación de Leopoldo López de su arreto domiciliario un día antes de los previsto perjudicó lo que estaba previsto para el 1 de mayo.
Los que tienen hoy capacidad de mover tropas militares son los militares. Hoy todavía vivimos en una dictadura. Y mi función como presidente encargado es precisamente reclamar las competencias, entre ellas la de comandante de las fuerzas armadas. Estamos trabajando en eso. Que se pongan del lado de la constitución. Los que toman la decisión a priori de mover a los militares funcionarios son los militares.
¿Por qué su equipo continua en las negociaciones en Oslo aún cuando no se ha llegado a ningún acuerdo?
En estos momentos no estamos en Oslo. Para nosotros el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, EE.UU. e incluso la reunión de Estocolmo son herramientas para la presión internacional. Lo que parece un consenso mundial de que debe haber una solución política al conflicto venezolano. No podemos ver estas negociaciones como cosas aisladas, sería un error de los venezolanos de cara a la salida de Maduro del poder.
¿Es cierto que usted está haciendo campaña política en el interior del país de cara a unas próximas elecciones?
No habrá próximas elecciones sin el cese de la usurpación y para eso debe haber agitación, movilización en la calle y presión ciudadana. Ese es el objetivo de la visita por cada uno de los Estados. Además, los acompañamos en la tragedia cotidiana que estamos viviendo los venezolanos: dos semanas sin repostar combustible, se pierden cosechas, no hay señal telefónica, se va la electricidad dos y tres veces al día.
La Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó ayer a Venezuela para una visita y se espera una reunión con ella y su equipo mañana viernes. ¿Qué le va a transmitir?
Estamos muy contentos de reunirnos con la Alta Comisionada. En el informe preliminar que presentó su oficina hace unos meses ya era muy contundente la visibilización de la crisis humanitaria. Ayer Acnur dijo que la crisis de refugiados de venezolanos en el mundo es la más grave, incluso por encima de Siria. Queremos aproximar soluciones de cara a la violación de derechos humanos, a la crisis alimentaria y de salud, a la persecución política, entre otras cosas.