La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos. Así lo reseña armando.info
MARÍA ANTONIETA SEGOVIA
Odebrecht está a las puertas de su primer juicio en Venezuela. Una demanda interpuesta por la Compañía Anónima Metro de Caracas contra la empresa brasileña cursa ante el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a cargo de la Magistrada Belinda Paz Calzadilla.
Se trata de la primera y única acción judicial contra la constructora en la trama venezolana del ya célebre escándalo Lava Jato. El litigio presentado por el Metro de Caracas, encargado de ejecutar contratos suscritos entre el Gobierno y la empresa -caída en desgracia en su Brasil natal y en otros países de la región tras revelarse un esquema de pago de sobornos para beneficiarse con jugosos contratos- no guarda relación alguna con la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR), el organismo que hace las veces de abogado del Estado. Este envió un legajo de documentos que reposan en las oficinas de la Fiscalía 55 contra la Corrupción, ahora a cargo de la Fiscal 22 Nacional Aramay Carolina Terán Hidalgo, sin que hasta la fecha alguno de los casos señalados haya llegado a los tribunales venezolanos.
Esto, a pesar de la masiva presencia que Odebrecht tuvo en Venezuela durante al menos tres lustros del régimen bolivariano. La propia empresa admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que en ningún otro país, excepto Brasil, Odebrecht pagó tantos sobornos en el periodo de 2006 a 2015 como en Venezuela: al menos unos 98 millones de dólares en coimas.
Apenas fue este reciente miércoles 7 de agosto se celebró una primera audiencia judicial de un caso de Odebrecht relativamente desconocido. En esta primera batalla, el resultado fue desfavorable para el demandante: El tribunal ordenó al Metro de Caracas subsanar errores en la demanda, ya que la compañía no determinó ni probó el monto del daño que la gigante de la construcción habría ocasionado al Estado por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas a edificar en un terreno ubicado en Mariches, municipio Sucre del estado Miranda (al este de Caracas).
Por su parte, Odebrecht rechazó la acusación alegando que con el anticipo recibido sí ejecutó parte de los compromisos. Al hacer la declaración ante el tribunal, la empresa optó por reservarse las pruebas, las que parecen ser muy necesarias puesto que una visita al sitio donde se levantarían las viviendas muestra, a simple vista, que no hay más que maleza y maquinaria abandonada.
El Estado venezolano, en manos del chavismo desde 1999, no acudió a la justicia por alguno de los once megaproyectos de infraestructura que contrató a la gigante brasileña de ingeniería civil. Curiosamente, sus reflejos solo le han dado para llevar a Odebrecht ante un tribunal por estas casas inexistentes.
La demanda interpuesta por el Metro de Caracas exige el pago de de 76,05 millones de dólares (los 50,7 millones de dólares desembolsados como anticipo más 23,35 millones por incumplimiento de obligaciones), además de la cancelación de 854 millones de bolívares (unos 65.000 dólares al cambio de la tasa paralela). La acción judicial fue admitida ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser presentada, el 14 de diciembre de 2017.
En la disputa el Metro reclama a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní, S.A -que actuó como afianzadora- el reembolso al Estado del dinero que se entregó en anticipo, debido al incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N-MC-4749, destinado a la construcción de 2.400 viviendas en el sector Mariches, en Petare, al este de Caracas. Durante la audiencia, la aseguradora pidió al juzgado que se le excluya de la demanda, dando fe de no haberla recibido por parte de Odebrecht.
El 18 de diciembre de 2012, Haiman El Troudi, entonces presidente del Metro de Caracas, suscribió junto a Euzenando Prazeres de Azevedo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, un contrato para la ejecución y construcción de 25 edificios de doce niveles cada uno, conformado por 2.400 apartamentos, por un monto de 169,4 millones de dólares.
El contrato se firmó por 169 millones de dólares destinados al componente extranjero, más un componente nacional de 1.877 millones de bolívares, equivalente a 437.600 dólares, calculados a una tasa de oficial de 4.289,3 bolívares por dólar.
Según el total, cada vivienda a construirse en el urbanismo, enmarcado en el programa social Misión Vivienda, en Petare, le costaría al Estado 70.599 dólares, equivalentes a poco más de 302 millones de bolívares fuertes. Para entonces, en el municipio Baruta del sureste de Caracas el precio de un apartamento que variaba entre los 62 y 665 metros cuadrados oscilaba entre los 790.000 bolívares hasta 14 millones de bolívares. Mientras en Los Naranjos, una zona acomodada del municipio El Hatillo de Caracas, el precio máximo de una vivienda con similares características era de 18 millones de bolívares fuertes.
El alcance de la inversión prometía la edificación de un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados con dos habitaciones y un baño, y 960 de 70 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños.
El complejo residencial, anclado en el corazón de la barriada más grande de América Latina, contaría con un Mercal, una escuela primaria, un preescolar Simoncito, un módulo de salud del tipo Centro de Diagnóstico Integral, áreas socioproductivas, dos canchas deportivas y de usos múltiples, una plaza de encuentro comunal y 200 puestos de estacionamiento, además de paisajismo, vialidad, cloacas, drenajes y cerca perimetral.
El acuerdo avanzó con agilidad. Apenas diez días después de firmado el contrato, la constructora recibió en sus arcas del Citibank en New York el primer anticipo proveniente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) por 50,7 millones de dólares, y otro para el componente nacional por 563 millones de bolívares, en su cuenta del banco Banesco en Caracas.
Fue al cierre del mismo año en que la constructora donó 35 millones de bolívares a la última campaña presidencial del entonces presidente Hugo Chávez, según declaraciones de un asesor de campaña del partido político de Luis Ignacio Lula Da Silva a la Policía Federal de Brasil.
En el documento principal del contrato MC-4749, que reposa en el expediente AA40-A-2018-011 en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, además se establece, en el tercer apartado dedicado al costo básico de los trabajos, que el precio consolidado del contrato equivaldrá a la cantidad de 2.601.891.700,00 bolívares que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de 4.289,3, arroja un precio total de 606.000 dólares. Una cantidad irrisoria y con una distancia notoria con respecto a la cifra real, de 169 millones de dólares, que constituye la verdadera base de cálculo de la demanda presentada por el Metro de Caracas y un inexcusable error que compromete seriamente la transparencia del contrato suscrito.
Otra irregularidad que exhibe el documento contractual es que si bien se ofrecían 2.400 viviendas, en el alcance documentado para la obra se enumeran un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados, y otros 960 de 70 metros. Es decir, 1.400 viviendas y no las 2.400 que se habían proyectado.
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