Comunicado ante los ataques al profesor Keymer Ávila

Comunicado ante los ataques al profesor Keymer Ávila

Foto: Cortesía

 

Diferentes profesionales e instituciones, emitieron un comunicado en defensa de la investigación científica, del profesor Keymer Ávila y ante la violencia policial en Venezuela, debido a “campañas de estigmatización” que busca “desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje”.

 A continuación el documento en íntegro:

Recientemente, desde un medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, Ciudad Ccs, se ha iniciado una campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos. Esta situación también ha sucedido en ocasiones anteriores con organizaciones que vienen denunciando la sistemática violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en los sectores populares.

Estas campañas recurren a la falacia argumentativa más elemental: buscar desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje.

Frente a este ataque, nosotros, investigadores y académicos de diversas áreas, reivindicamos y defendemos el resguardo de uno de los fundamentos de nuestra vocación y oficio: la construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años.

Apuntamos: En esta campaña nada se dice sobre el hecho que desde el año 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las “Operaciones de Liberación del Pueblo” –OLP– seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional –FAES-, el gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país.

Las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde el año 2016 se ubican en más de cuatro mil novecientos casos anuales. La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios.

En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados. A esto se suma el hecho de que el Estado venezolano se ha encargado de desmentir esta realidad y, con ello, no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.

El informe del “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña que denunciamos, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila. En la referida investigación se elaboran un conjunto de indicadores provenientes de dos fuentes: la primera, está constituida por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior que permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado. La segunda está constituida por un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual -tanto por su tamaño como por su consistencia con las fuentes oficiales- se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados en las ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. De allí que su validez científica sea más que probada.

Keymer Ávila es profesor de pre y posgrado de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios. Posee numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en medios de divulgación para el público general. También, ha sido asesor del Ministerio Público y del Consejo General de la Policía, así como de diversas ONG nacionales e internacionales, en el área de derechos humanos.

Consideramos que la producción de conocimiento basado en evidencia, así como su divulgación, resultan indispensables para afrontar las amenazas que hoy confronta el contexto latinoamericano actual, donde los pueblos exigen una transformación sustancial de sus sistemas políticos e institucionales, que redunde en mayor democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Sirva este comunicado para mostrar el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todos los sectores sociales que quieran hacerlo suyo. Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado. Más que “defender” un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos.

Urgimos el establecimiento de un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas. Vaya nuestro respaldo a todos aquellos que trabajan y luchan para registrar, denunciar y resistir la ola de violencia institucional de carácter letal. Finalmente, toda nuestra solidaridad y acompañamiento especial a los sobrevivientes, a las madres y familiares de las víctimas cuyas vidas han sido segadas por la maquinaria estatal.

A continuación el documento en íntegro:

 

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