El Estado venezolano murió. Esta, lo sé muy bien, es una afirmación que por absoluta podría ser tachada de temeraria, pues la existencia y la evolución de una convención social compleja no es un tema que pueda despacharse de manera fácil con posturas en blanco y negro. Sin embargo, la realidad venezolana parece dar muestras más que elocuentes que resultan de suma utilidad para esclarecer el acta de defunción del Estado.
Max Weber definió al Estado como “el ente que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima”. Es decir, que la esencia en torno a la cual gira la existencia del Estado, es la violencia. Según la tesis contractualista, el Estado nació como una convención social entre hombres cansados de vivir en una situación de perenne guerra, algo que evitaron cediéndole soberanía a un ente inanimado encargado de dirimir conflictos y de desplegar la violencia coercitiva en caso de necesidad. Así, el Estado nace como una herramienta en procura de la paz o, mejor dicho, de la supresión de conflictos existenciales.
Para monopolizar la violencia, el Estado se dotó de fuerza pública. Y para que esa violencia fuera legítima, es decir, aceptada por todos, se le impuso al Estado un ordenamiento jurídico que regule su actuación y despliegue, ello como garantía a favor de la libertad y del bienestar social.
Actualmente en Venezuela no existe un ente que sea capaz de monopolizar la violencia legítima. El país se ha convertido en un territorio donde bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras, se reparten ya no solo el botín producto del saqueo del erario público, de la explotación ilegal de materias primas y recursos minerales, o de la extorsión y el secuestro de personas inocentes e indefensas; sino que además se reparten el control de poblaciones enteras, imponiendo su propia ley y cobrando sus propios tributos. Esta situación de anomia y disfunción estatal, lejos de lo que comúnmente se cree, no es extraña ya ni siquiera en la capital del país, donde bandas criminales atrincheradas en barrios populares han sido noticia por repeler con armas de fuego a cuerpos policiales que, viéndose sobrepasados, han recibido en repetidas oportunidades órdenes de retirada.
La reminiscencia del Estado venezolano es hoy sumamente lúgubre y oscura, y cobra forma en cuerpos armados dedicados al ejercicio sistemático y focalizado de la violencia terrorista en contra de aquellos que, pensando distinto a quienes hoy tiranizan al pueblo venezolano, se animan a organizarse en función de luchar por la procura de un pronto cambio político en el país. No puede decirse que esos cuerpos de exterminio (calificados así por la Alta Representante para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas) sean la representación del monopolio de la violencia estatal, cuando su violencia no responde a mandatos jurídicos sino a la conveniencia de una parcialidad política degenerada e inmoral. Esos cuerpos armados no son de Venezuela ni sirven a los venezolanos, sino que son de un grupo político y es a él a quien responden.
La culpa de la muerte del Estado venezolano no está en otro Estado que lo invadió, sometió y asimiló, sino en una claque personalista que aupó a un caudillo en su afán destructivo de todo vestigio institucional, y que ahora, sabiéndose culpable de un crimen, se mantiene firme en la defensa de su impunidad, aun a costa del dolor y la muerte de millones de personas. Esa claque se enquistó en el Estado venezolano y lo consumió, multiplicando sus células cancerígenas en forma de milicias inconstitucionales, colectivos para militares y hasta monedas virtuales de dudosa procedencia.
El Estado venezolano murió. Quien lo mató fue la dictadura chavista.