El confinamiento de familias, impuesto por la cuarentena desde mediados de marzo, creó las condiciones para un alza dramática y sangrienta de los casos de violencia doméstica. Solamente, en la ciudad de Nueva York, en los últimos tres meses, las situaciones de conflicto que terminaron en un saldo fatal experimentaron un alza de 75%.
Con preocupantes cifras en la mano, que describían en todo el estado un aumento del 30% de las denuncias en plena pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew Cuomo creó un grupo de trabajo que propuso 10 acciones urgentes para ayudar al creciente número de víctimas.
“Nueva York ha estado trabajando para modernizar la forma en que brindamos servicios a los sobrevivientes, y las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, ayudarán a abordar este alarmante aumento en los incidentes de violencia doméstica “, indicó el mandatario estatal.
Entre las políticas de emergencia, el grupo recomendó a Cuomo que emita de inmediato una orden ejecutiva, que elimine el requisito de que las víctimas de presenten un informe policial para así poder acceder a los fondos de la Ley de Víctimas del Crimen.
“Es posible que muchos sobrevivientes no puedan presentar un informe policial, contra su abusador, por ello se requiere expandir el acceso a los financiamientos, mientras permanezca el estado de emergencia. Esto permitirá a los sobrevivientes navegar la crisis COVID-19, con un apoyo financiero crucial para buscar seguridad”, explicó Melissa De Rosa, secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo de Estado de Nueva York sobre Mujeres y Niñas.
De Rosa, quien lideró el grupo de trabajo, recordó que desde que empezaron a observar el aumento en los incidentes de violencia doméstica durante la pandemia, Nueva York ha tomado medidas agresivas para encontrar soluciones nuevas e innovadoras para ofrecer servicios que en este caso pueden salvar vidas.
Más acciones a favor de las minorías
El grupo consultor también exhorta a que se ordene a la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica (OPDV) que se asocie con proveedores de asistencia técnica, para mejorar el conocimiento sobre el uso de la tecnología para llegar a más sobrevivientes, incluidos aquellos en poblaciones tradicionalmente desatendidas y jóvenes que pueden verse afectados por la violencia de pareja.
La política surgida de una serie de consultas, recomienda que las agencias estatales apoyen programas para comprar dispositivos móviles y para apoyar infraestructura tecnológica, con fondos federales relacionados con la pandemia.
El grupo de trabajo, también recomienda que la OPDV incorpore permanentemente un componente de chat y texto en la funcionalidad de la línea directa de violencia doméstica y sexual del estado de Nueva York.
Sin trabas culturales
Ante la certeza que muchos inmigrantes, sin estatus legal, le tienen miedo a interacciones policiales, se recomienda coordinar un programa con la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York y otras asociaciones de juristas, además de proveedores de servicios legales para facilitar la capacitación y promover la necesidad de representación de víctimas inmigrantes, a través de sus programas pro bono.
Además, se solicita que el Consejo de Mujeres y Niñas establezca un comité permanente para coordinar la creación de servicios diseñados para abordar las necesidades de los sobrevivientes de color e indígenas.
“La idea es considerar también la sexualidad, la identidad de género, la edad, las discapacidades, el estado migratorio y otras identidades para crear mejor acceso a programas, sin trabas culturales y de idioma”, especifica el informe final presentado este viernes.
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