“La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del covid-19”, decía la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la semana pasada, luego de publicar un avance del informe que deberá presentar en el mes de septiembre. Después vendría una narrativa para mi gusto superficial, sobre lo que ha sido la represión y persecución que, desde julio de 2019 hasta el día de hoy, ha sucedido en nuestro país, con respecto a las detenciones arbitrarias, las torturas y tratos crueles, las desapariciones forzadas temporales, las ejecuciones extrajudiciales, la represión contra etnias indigenas y todas las violaciones de derechos humanos, civiles, políticos y económicos que la dictadura ejecuta en las narices de los representantes de ACNUDH en Venezuela, y que le dan la razón a todos los países que han sancionado a funcionarios del régimen, violadores de derechos humanos y corruptos, que no solo siguen utilizando nuestras riquezas naturales para enriquecerse personalmente, sino que además, usan sus dividendos para financiar movimientos ideológicos en el exterior, financiar petróleo y gasolina para Cuba, financiar el alto costo que deben pagar para mantener sus estructuras represivas internas, como los colectivos, las FARC, el ELN, entre otros que les son fieles.
Es un insulto para el intelecto del venezolano decente caer en el juego macabro de la dictadura, que culpa a las sanciones por la crisis humanitaria que ellos mismos indujeron y provocaron en 20 años de robolución, tiempo en el que se robaron el dinero de las arcas públicas, se robaron las empresas productivas, se robaron las fincas y hatos que nos alimentaban, quebraron Pdvsa, y malgastaron en propaganda política y dádivas para los amigos y afines ideológicos del mundo cientos de millones de dólares que eran de todos los venezolanos, que hoy se mueren de mengua y deambulan por las calles empobrecidos. La tiranía no ha dejado de movilizar grandes cantidades de dinero lavando oro, diamantes y otras riquezas naturales para usarlos en lo que les conviene, además de seguir enriqueciendo sus cuentas personales. El deterioro de la forma de vida de los venezolanos, el caos de los servicios públicos, no son debido a las sanciones que menciona la alta comisionada, no, se debe a la inmoral desidia de un régimen que jamás quiso invertir en los venezolanos, en el país, en su desarrollo económico y social, y se dispuso a someter a la población para controlar su tiempo en el poder, a través de la dependencia que trae la pobreza e incapacidad de progresar económicamente.
A los representantes de ACNUDH en Caracas han acudido familiares de los presos políticos detenidos en las sedes de los dos organismos de inteligencia, la DGCIM y el Sebin, para denunciar la continuidad de las prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, preocupados por el deterioro físico y psicológico que sus familiares presentan por la insalubridad, hacinamiento y poca ventilación en la que se encuentran, la falta de atención médica especializada y oportuna que necesitan, el deterioro físico y baja de peso corporal por la mala y poca alimentación, que ha llevado a la mayoría de los detenidos que se encuentran en los calabozos de la DGCIM a bajar aproximadamente entre 8 y 12 kg de peso los últimos 4 meses, todo esto silenciado por las autoridades, a través del aislamiento en que los mantienen con la excusa del covid-19.
Las prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes no solo no han cesado, como pidiera ingenuamente ACNUDH a la tiranía en 2018, sino que el horror de la continuidad de su práctica tampoco está reflejada en los dos tímidos párrafos que dedica el informe presentado la semana pasada, por ser un crimen de lesa humanidad que la tiranía practica sistemáticamente para controlar mediante el miedo a la sociedad civil.
El Instituto CASLA denunció en su último informe anual publicado en enero de 2020 el incremento de patrones de tortura más dolorosos e incisivos utilizados contra civiles y militares detenidos los dos últimos años, acusados de supuestos actos conspirativos o de traición a la patria, con el objeto de obtener de ellos una confesión o acusación de otras personas. También denunció el incremento de la violencia sexual contra los detenidos. La sofisticación de dichos métodos, el uso de sustancias psicotrópicas, el uso de utensilios o herramientas llevados a los organismos de seguridad o centros clandestinos para torturar, el conocimiento del incremento de estos centros de torturas clandestinos distribuidos en todo el país, donde llevan a las víctimas, o en su defecto, a las familias de las personas a las que están buscando, sin importar la edad y sexo, para someterlas a torturas y tratos crueles y obligarlas a decir dónde está el familiar que buscan, se ha convertido en la nueva forma de represión sistemática para aterrorizar a los opositores.
No existe al día de hoy ninguna investigación seria y creíble para buscar a los responsables de estas prácticas en los organismos de inteligencia. Muy por el contrario, sus responsables han sido condecorados y ascendidos.
El régimen, además de mantener a los presos políticos en lugares que no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, sigue construyendo celdas para aislar a los detenidos. Tal es el caso de aquellas construidas en el sótano 3 de la sede de la DGCIM en Boleíta, a la que denominaron irónicamente “la casa de los sueños”, donde mantienen a 3 personas por celda encerradas las 24 horas del día, entre ellas se encuentran civiles, militares e indígenas, sin luz ni ventilación natural, sin ningún material de distracción o lectura, totalmente incomunicados. CASLA también tuvo conocimiento de la habilitación de celdas en la sede de la FAES en el 23 de Enero, lugar al que llaman “la casa de los sueños 2”, con las mismas condiciones infrahumanas que tienen las celdas de la DGCIM, lugares a los que los representantes de ACNUDH no han tenido acceso porque a la tiranía no le conviene.
No solo no se ha condenado, castigado ni prevenido la persecución y represión selectiva por motivos políticos, como se exigió en el informe antes mencionado, sino que se ha incrementado al punto de detener de forma arbitraria a otros diputados y líderes políticos, a líderes indígenas, a abogados que han estado acompañando a personas que protestan por falta de alimentos o insumos médicos, a comunicadores sociales que cubren las protestas, a personas del sector salud, como médicos y enfermeros que alertan sobre el caos hospitalario y protestan por falta de insumos médicos para atender la crisis de la pandemia.
En otro punto del Informe ACNUDH 2019, se exigió la disolución de la FAES, exigencia a la que el régimen no solo hizo caso omiso, sino que se burló de dicha petición, fortaleciéndola aún más, nombrando al actual director del Sebin, Carlos Calderón, como jefe de contrainteligencia de la FAES, uniendo a través de este nombramiento al organismo de operaciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana con el organismo de inteligencia nacional que obedece directamente a la Vicepresidencia de la República, de donde emanan las órdenes de represión y persecución.
Nos queda un sabor amargo, sin duda. Y nos preocupa cómo la tiranía aprovecha las incongruencias de este informe a su favor. ¿A quién le hace la cama la alta comisionada cuando dice que las sanciones han exacerbado la crisis?