Si algo se ha convertido en un elemento distintivo del proceso de deterioro de las libertades públicas adelantado por quienes ejercen el poder en Venezuela, es el ataque a los periodistas y a los medios de comunicación independientes en el país.
Los matices del conflicto político exhiben un grado de inercia, inacción y estancamiento, ante el cual no se avizora una definición o resolución en el corto plazo. El proceso comicial parlamentario que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro, a través de un CNE nombrado sin la participación opositora, será un elemento que agudizará la actual crisis política, ante el claro escenario de una oposición debilitada por la persecución, la expropiación de las tarjetas de sus principales partidos, y la criminalización de diputados y dirigentes.
En este contexto, los ataques a trabajadores de la prensa y de los medios de comunicación, y la censura como una sistemática política oficial, han venido incrementándose durante los últimos años, a medida que esos medios han reflejado la realidad de un deterioro y empobrecimiento acelerado de la población venezolana, además de la incapacidad manifiesta del gobierno de Maduro por atender la crisis compleja humanitaria que su gestión ha ocasionado en Venezuela.
Una investigación de la Asociación Civil Medianálisis, realizada por Gloria Carrasco, refleja los efectos de la presión gubernamental y el discurso estigmatizador contra medios y comunicadores sociales.
El estudio “Situación del Periodismo en Venezuela (2015-2019)”, publicado en Junio de este año, es el resultado de las encuestas que se aplicaron cada año a 365 periodistas en las 8 ciudades más pobladas del país, cuyos hallazgos consolidados para los últimos 5 años, reflejan datos de sumo interés:
– 47 % de los encuestados afirmaron haber sufrido algún tipo de dificultades, como agresiones a ellos o al medio de comunicación, de tipo administrativa y de tipo penal, tales como dificultades de acceso a recursos públicos o sanciones. El incremento de dichos problemas en el quinquenio alcanza un índice de 63 %.
– Los periodistas que han sido afectados por agresiones a ellos mismos, a algún compañero o al medio, ha ido incrementándose desde 30 % a 60 % en el quinquenio. La mitad de esas agresiones se atribuyen a factores gubernamentales, especialmente la acción de cuerpos de seguridad del Estado y de grupos pro oficialistas.
– De acuerdo con este estudio, entre 2015 y 2018 una tercera parte de los periodistas consultados recibió instrucciones significativas para modificar u omitir una información ya verificada. En 2019 este porcentaje se incrementó sustancialmente.
Los resultados de este estudio evidencian un aumento sostenido de la censura y autocensura en la labor de medios y periodistas en Venezuela, como resultado de un entorno en el cual el incremento del control social y la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro han avanzado en la presión y amedrentamiento contra actores fundamentales para mantener informada a la población.
Sobre este tema, Andrés Cañizalez, director de Medianálisis, expresaba lo siguiente: “La desinformación que reina en el país se debe a la censura directa ejercida sobre medios y periodistas, sin duda alguna, pero también tiene su origen en una deliberada política de Estado de negar información a la sociedad, y junto a ello un discurso oficial propagandístico, que miente de forma reiterada, diría que ya sin ningún pudor”. (El Nacional, 09-02-2020).
Como si fuera poco lo que tienen que vivir millones de venezolanos día a día, con fallas recurrentes en el servicio de internet, cortes de luz de varias horas al día, problemas en el suministro de agua, gas, gasolina, en medio de la peor crisis económica de nuestra historia, se suma también, a esta precariedad, el hecho de estar desinformados y sin opciones o referentes válidos para saber lo que sucede en su ciudad, o en el país.
La pandemia de coronavirus y las primeras medidas de cuarentena social y restricciones a la movilidad y a la actividad de varios sectores económicos en el país, establecidas a mediados de marzo, parecen haber creado las condiciones ideales para una profundización de la represión, la censura oficial y el amedrentamiento contra comunicadores, por el solo hecho de ejercer su labor de informar.
Lo sucedido, por ejemplo, al periodista Darvison Rojas, detenido en Mayo y presentado a tribunales bajo el delito de instigación pública e instigación al odio, por publicar cifras sobre la pandemia de diversos actores gubernamentales que presentaban inconsistencias, o lo que ocurrió a la periodista Carol Romero, arrestada y fotografiada con esposas, como delincuente, por el sólo hecho de cubrir y grabar una protesta por escasez de gasolina, son sólo dos casos de una larga lista de acciones oficiales que indican, claramente, una escalada sostenida y precisa de los aparatos de seguridad e inteligencia del Estado contra cualquier información sobre la pandemia, con relación a protestas por el colapso de servicios públicos o por la crisis económica que se alejen de la versión oficial.
Según cifras del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, publicadas por Efecto Cocuyo (27-06-2020) entre Enero y Junio de este año, 23 periodistas fueron detenidos de forma arbitraria.
Esta arremetida oficial contra la labor periodística, intensificada durante la pandemia de covid-19, queda también constatada en cifras de la ONG Espacio Público, cuyo reporte señala que del 16 de marzo al 14 de junio se han registrado que 65 privaciones de libertad y 28 detenciones fueron de trabajadores de los medios mientras ejercían su derecho a buscar, recibir y difundir información en el país. De este último total, 25 estuvieron directamente vinculadas al covid-19, tal como reseña el portal de France24.com, el 20-06-2020.
El informe sobre Venezuela, publicado el pasado 02-07-2020 por la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, reportó que algunas de las detenciones de trabajadores de medios impidieron cubrir la crisis sanitaria, además de destacar que varios profesionales del periodismo fueron sancionados por delitos de odio. Es pertinente acotar que este tipo de delitos corresponden a una normativa, sin ningún tipo de validez jurídica, aprobada por la denominada Asamblea Nacional Constituyente.
No contentos con la persecución y detención arbitraria de periodistas, el gobierno de Nicolás Maduro se apresta a aplicar el peso de su brazo represivo contra médicos y miembros del personal de salud de hospitales del país que han hecho pública, en sus redes sociales o a medios, la escasez de agua, o la falta de dotación adecuada de equipos e insumos de prevención para atender a pacientes contagiados con covid-19.
La verificación y registro que diversas ONG realizan del número de periodistas agredidos o sometidos a procedimientos y detenciones arbitrarias en el ejercicio de su labor, junto a investigaciones como las de Medianálisis, que le colocan cifras a la censura como un resultado de la acción gubernamental sobre medios y comunicadores, configuran un panorama preocupante para la libertad de expresión en Venezuela, y en especial para la existencia de fuentes y ventanas informativas independientes y críticas, de las cuales pueda valerse la ciudadanía para construir su propio juicio y criterio sobre el acontecer del país.
La hegemonía comunicacional, triste categoría creada años atrás por el entonces ministro de Comunicación, Andrés Izarra, para referirse a este férreo esquema de control del oficialismo y a su aparato de propaganda y desinformación en nuestro país, lamentablemente, pareciera que goza hoy aún de muy buena salud.
Ante un escenario que, en el más corto e inmediato de los plazos, presenta un mantenimiento del esquema de persecución, vigilancia y criminalización de opiniones, informaciones o noticias que ofrezcan una visión distinta a la oficial sobre la pandemia, protestas, crisis de servicios públicos o temas considerados “sensibles” por el gobierno de Maduro, puede afirmarse que la censura se mantendrá como praxis oficial, e informar, más que una labor necesaria o vital para garantizar un entorno plural o democrático, seguirá considerándose como un delito.
El delito de informar.
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