El día de ayer, lunes 14 de septiembre de 2020, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) rindió un informe de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en el marco del 45° período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por Centro de Comunicación Nacional
La exposición oral de la Alta Comisionada se centró en la cooperación y asistencia técnica que brinda su oficina a las autoridades de facto de la República Bolivariana de Venezuela.
Los diálogos entre Venezuela y las Naciones Unidas no han sido esquivos al Gobierno Interino de nuestro país. No solamente se ha mantenido permanente representación del Comisionado Miguel Pizarro para gestionar todo lo atingente a la relación entre la ONU y el Gobierno Interino, sino, además, el Comisionado Humberto Prado ha mantenido contacto sostenido con los oficiales del ACNUDH en cuanto al proceso de supervisión de garantías, respeto de los derechos fundamentales y fungiendo de enlace entre el ACNUDH y las víctimas.
En su informe oral la Alta Comisionada clarificó que esta actualización versaba sobre asuntos que, estrictamente, obedecían a la cooperación técnica, siendo que los resultados sustanciales sobre la situación de derechos humanos en el país, a un (1) año desde la suscripción de una Carta de entendimiento que todavía no ha sido publica y fue firmada en septiembre del 2019, sería rendida el día veintitrés (23) de septiembre de 2020.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos destaca la importancia del informe que será comentado oralmente en los próximos días: a diferencias de los informes de actualización previos, estos abordaran no lo acaecido en dos (2) o (3) meses, sino que, afortunadamente, comprenderá un diagnóstico de lo ocurrido durante todo un año desde que inició este mandato de supervisión sobre Venezuela por parte del ACNUDH.
La Sra. Michelle Bachelet aseveró que se ha avanzado en la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza, así como respecto de un diagnóstico sobre los factores que inciden en el hacinamiento dentro de los centros de detención preventiva, mejor calificados como “calabozos”, los cuales actualmente son administrados, para infortunio de la población penitenciaria, por la usurpación.
Aun cuando saludamos los esfuerzos de la Alta Comisionada en ese sentido, no es posible ignorar que se han concertado más de un año después desde que fue emitido el informe sobre nuestro país en julio de 2019 por el ACNUDH.
Aquel informe, vale la pena recordar, disponía que las recomendaciones allí fijadas debían ser adoptadas “inmediatamente”, empero, esa inmediatez a la fecha tiene más de un año de mora respecto de las víctimas de violaciones a sus derechos inherentes.
Esa conducta del régimen de “rebeldía” y “desprecio” hacia las recomendaciones de los órganos internacionales de protección hace de muy difícil aplicación la cláusula del pacta sunt servanda en Venezuela, tal y como la Comisión Presidencial para Derechos Humanos lo detalló de julio de 2020 en su informe intitulado “Contumacia Institucional: A un año del Informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”.
La conclusión con ello es evidente: hasta que las autoridades de facto no cesen en su asalto a las instituciones democráticas de la nación no habrá un cumplimiento íntegro de las obligaciones que ha asumido la usurpación en materia de derechos humanos. A pesar de lo anterior, hay algunos elementos a destacar de lo comentado por la Alta Comisionada:
En primer lugar, se ha facilitado gracias a los esfuerzos del ACNUDH, el contacto vía telefónica de algunos privados de libertad con sus familiares desde el momento que se suspendieron las visitas debido al COVID-19, no obstante, es de destacar que, en el caso de muchos presos, especialmente de aquellos que allí yacen por razones políticas, la suspensión de facto de las visitas de familiares venía operando desde mucho antes que la pandemia alcanzara los niveles de marzo de 2020. Asimismo, la oficina de la Comisión Presidencial se encuentra efectuando una investigación para constatar si esta medida comunicada por el ACNUDH se está efectivamente cumpliendo.
En segundo lugar, el ACNUDH afirmó que han alentado que se continúe en la investigación de 58 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad del Estado, que como bien viene esta Comisión Presidencial señalando desde febrero de 2020, materialmente funcionan como Grupos de Exterminio.
Lamentablemente, estas investigaciones estarían a cargo del Fiscal General de la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, estos 58 casos fueron debidamente documentado por la oficina del a Sra. Bachelet, por lo que apelamos a la importancia de lo que ello implica en el fuero nacional e internacional en caso de que no se cumpla.
En tercer lugar, saludamos el empeño del ACNUDH por materializar para el 2021 dos (2) visitas in situ de mecanismos especiales de protección de la ONU. Sería relevante a estos efectos que viniesen a Venezuela el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extraudiciales, así como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias
En cuarto lugar, reconocemos que se hayan desplegado quince (15) visitas a catorce (14) centros penitenciarios desde la suscripción del memorando de entendimiento.
Especialmente se destacan las visitas efectuadas la semana pasada a los principales centros de detención del DGCIM y el SEBIN donde, de forma confidencial, fue posible entrevistar a unas 39 personas vinculadas con casos significativos.
Estas visitas son fundamentales porque representan el cumplimiento progresivo de una exigencia que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos del Gobierno Interino viene reiterando desde el mes de marzo del año en curso.
Pero debemos remarcar que esas visitas, aun cuando valiosas, están lejos de ser suficientes. De acuerdo con estimaciones de esta Comisión Presidencial, en Venezuela existen alrededor de 169 centros de reclusión entre calabozos policiales, internados judiciales y centros penitenciarios. Resulta difícil realizar un cálculo exacto dada la existencia de centros penitenciarios clandestinos.
Sería irreal emitir una exigencia dirigida a que el ACNUDH visite la totalidad de esos centros penitenciarios, pero si algo es cierto es que las denuncias de torturas en cárceles nacionales no se reducen solamente a catorce (14) cárceles, y la realización de visitas debe ser ante todo reiterada y sostenida en el tiempo.
Particularmente por las mujeres recluidas. Muchas de ellas dan a luz dentro de los centros de reclusión, y los niños y niñas que allí crecen se institucionalizan. A esto se suma el problema de las denominadas “mulas” que intraorgánicamente son obligadas a llevar mercancías.
No es poca cosa que se haya permitido finalmente el ingreso de los oficiales del ACNUDH a las sedes del DGCIM y el SEBIN, sin embargo, esperamos que en el futuro se materialicen no solamente la semana anterior a cuando corresponde que el ACNUDH emita un informe de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, siendo necesaria una mayor reiteración de las mismas.
Lo anterior no se puede ignorar si se tiene en cuenta que aún el 70% de los presos políticos continúan privados de libertad. Es por ello que vislumbramos con buenos ojos el aumento de oficiales presentes en el terreno venezolano de caras a una mayor cobertura de centros de reclusión.
En este sentido, acogemos con beneplácito la solicitud reiterada de la Alta Comisionada que llama a la liberación de los presos político, siendo que no debe restringirse solamente a aquellos que son civiles, sino también a los militares.
Esperamos que la suscripción de una nueva Carta de Entendimiento, renovable para un (1) año adicional, favorezca una fiscalización más eficiente de los centros penitenciarios nacionales, esperando que al mismo tiempo todos los actores involucrados tengan por prioridad la tutela de los derechos de los venezolanos y las venezolanas, procurando que este nuevo acuerdo sea público a los efectos de un mejor seguimiento por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional sobre el debido cumplimiento de este.
No nos cabe duda que eso es meridionalmente así en el caso del ACNUDH, pero la contumacia institucional de la usurpación debilita cualquier acuerdo o medida a adoptar.
Invitamos a la ciudadanía, a las organizaciones de derechos humanos y a los defensorxs a estar atentos al próximo informe del ACNUDH a disertarse en fecha miércoles veintitrés (23) de septiembre con la esperanza que continúen visibilizándose las violaciones a derechos humanos que día tras día tienen lugar en Venezuela.
La Comisión Presidencial continuará documentándolas y remitiéndolas al ACNUDH, a quienes agradecemos su cooperación.
Hago propicia la ocasión para reiterarle a los habitantes de Venezuela las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y estima.