Este domingo, el Washington Post se hacía eco del disgusto que en la Administración norteamericana había producido la misión diplomática enviada por el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, el español Josep Borrell, a Venezuela. Los dos diplomáticos europeos enviados, de nacionalidad española, llegaron a Caracas con el objetivo de conseguir que Maduro posponga las elecciones legislativas programadas para el 6 de diciembre a cambio de que la UE, como le había pedido el venezolano, supervise la limpieza de las mismas. La idea de Bruselas es la de aprovechar ese tiempo para que el régimen mejore las condiciones en las que las elecciones se celebrarán hasta permitir que Europa pueda certificar que se respetaron las mínimas condiciones democráticas.
Es a todas luces evidente, como dice el Post que piensa el Departamento de Estado, que Borrell pretende que las elecciones sirvan para que el régimen rompa su aislamiento diplomático. Y lo atribuye a razones de política interior española. Borrell lleva mucho tiempo tratando de proporcionar un salvavidas al régimen chavista, primero como ministro de Exteriores español y ahora como alto representante diplomático de la Unión. Fue él quien sugirió a Maduro negociar con Capriles –rival de Guaidó– las condiciones bajo las cuales el opositor estaría dispuesto a participar en las elecciones. Y fue él quien procuró la mediación de diplomáticos turcos para que dictador y opositor acordaran la liberación de un centenar de presos políticos para empezar a hablar. Capriles, por consejo de Borrell, también es partidario de posponer las elecciones.
Borrell alega desde su oficina que la estrategia de Trump y Guaidó ha fracasado y hay que buscar otra solución. Tiene razón. Lo que no dice es que el fracaso se debe al blindaje con el que España y, bajo su liderazgo, la Unión Europea amparan a Maduro. Sin embargo, la misión de rescate pergeñada por Borrell ha revelado el propósito de España, Von der Leyen está como una pantera por no haber sido informada y Manfred Weber, portavoz del Grupo Popular europeo, ha pedido explicaciones.
También es notable que en este asunto de Venezuela una organización de reciente creación (noviembre de 2019), el llamado Grupo de Puebla, esté dirigiendo la estrategia de salvamento. Fundada por el socialista chileno Marco Enríquez-Ominami, reúne a un amplio plantel de izquierdistas latinoamericanos, muchos de ellos acrisolados corruptos, como Ernesto Samper, Lula da Silva, Dilma Roussef, Rafael Correa o Evo Morales. Los representantes españoles son José Luis Rodríguez Zapatero e Irene Montero. El Grupo de Puebla ha creado además lo que llaman el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), donde los representantes españoles son nada menos que Baltasar Garzón, el comunista Enrique Santiago y el hispano-argentino Gerardo Pisarello. Ninguno de ellos necesita presentación.
Por si todo esto fuera poco, el Gobierno acaba de destituir al embajador en Venezuela, nombrado en 2017 por Rajoy, para darle su puesto al embajador que Sánchez envió a Cuba en 2018. Moncloa se ha apresurado a aseverar que el cambio no supondrá que Leopoldo López, opositor refugiado en nuestra embajada, pierda nuestra protección. Que se hayan visto en la necesidad de ofrecer garantías da idea de la confianza que la oposición venezolana tiene en nuestro Gobierno.
El Reino de España está dedicado en cuerpo y alma a apuntalar y sostener una dictadura comunista en Venezuela malgastando el prestigio exterior que podamos tener, especialmente en América. ¿A cambio de qué?
Este artículo se publicó originalmente en Libertad Digital (España) el 29 de septiembre de 2020