Lo que ignoró Trinidad y Tobago en su propia legislación para la deportación de 16 niños venezolanos

 

De acuerdo a las activistas de Derechos Humanos, Diana Mahabir Wyatt, fundadora de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) y Denise Pitcher, directora ejecutiva de la misma organización en Trinidad y Tobago, el gobierno de la isla caribeña quebrantó sus propias leyes en la deportación de 16 niños venezolanos y 9 mujeres, que permanecieron desaparecidos en alta mar por más de 24 horas y hoy fueron rescatados.

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Wyatt y Pitcher fueron entrevistadas en el canal CNC3 de la televisión nacional trinitaria, donde expresaron su preocupación por lo ocurrido y pese a que se encargaron de dejar claro que no buscan una guerra con las autoridades de ese país, enumeraron una serie de irregularidades en el procedimiento:

 

1. La deportación tomó lugar antes de que la Corte tuviese oportunidad de hacer una evaluación, lo que es contrario a la ley. Las activistas indicaron que por alguna razón Trinidad estaba rompiendo su propia normativa.

2. La ley migratoria habla de un proceso legal, de ciudadanos que en esta situación son llevados e enfrentar la Corte y esto no ocurrió de tal manera.

3. Se trata de una violación de las leyes nacionales. Hay obligaciones en términos internacionales y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se quebrantaron.

4. Los padres de estos niños ya estaban registrados ante el gobierno de Trinidad y Tobago y Acnur. Además la reunificación familiar es otro principio en la Convención.

5. La primera obligación es honrar nuestras propias leyes. El debido proceso no se cumplió, para lidiar con situaciones así.

6. Cuando se tienen procesos de este tipo en la corte, se incluyen defensores de derechos humanos y no hubo oportunidad.

Las representantes de la CCHR insistieron en la necesidad de una respuesta humanitaria ante situaciones similares, tomando en cuenta la situación crítica en Venezuela. Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young fueron contrarias a esta petición y validaron, en su lugar, un discurso xenófobo y de odio contra los migrantes venezolanos.