La dictadura venezolana nació con el comandante Hugo Chávez y se terminó de moldear con Nicolás Maduro, quien le ha puesto su sello personal del terror, la represión y la corrupción exacerbada, inducido por sus maestros castristas y apoyado por Irán, Rusia, China y Turquía.
Por Ludmila Vinogradoff / abc.es
El resultado de 21 años de insana revolución presenta hoy día un país petrolero en ruinas y en el abismo, lleno de miseria e hiperinflación de tres años, desempleo atroz, el 96% de los venezolanos sumidos en la pobreza con un éxodo de 5,5 millones de personas, catalogada como la peor crisis del continente americano, según analistas.
Cuando comenzó Chávez en 1999, nadie sospechó que su estrecha relación con Fidel Castro iba llevar al país al desastre. Todos decían que Venezuela no era Cuba, pero ahora «estamos peor que Cuba», al añorar la libertad de la que disfrutaron durante los 40 años anteriores de gobiernos democráticos.
Después de la intentona golpista de 2002, Chávez se dio cuenta de que tenía que cambiar los poderes e instituciones para poder tener mayor control del gobierno. Para darse una fachada democrática convocó elecciones y referéndums todos los años con un sistema electoral electrónico, primero con la empresa española Indra y luego con Smartmatic, que le garantizaba los votos a su favor, siempre y cuando hubiera una alta abstención en esos comicios.
El novedoso sistema electoral electrónico instalado le permitió ganar al comandante todos los comicios, menos el referéndum para la reforma de la constitución de 2007, cuando la alta participación impidió el fraude. Esa misma abstención, clave para que gane el convocante, es la que ha utilizado Nicolás Maduro para imponer su totalitarismo.
«Con el sistema de Smartmatic los resultados electorales se pueden voltear a favor del cliente. Siempre ha sido así con Chávez», dice la experta Adriana Vigilanza.
Chávez también comenzó por cambiar los nombres de las instituciones, ministerios y calles a los héroes de Cuba y a los guerrilleros y secuestradores revolucionarios venezolanos como Jorge Rodríguez, padre del jefe del comando de campaña de Maduro, para empoderar al poder popular, «el pueblo chavista», dándole un protagonismo que a la hora de la verdad era tenerlos controlados y sumisos.
Para tener mayor control sobre sus compañeros de armas, Chávez también permitió la corrupción de los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, según el exministro de Defensa, Fernando Ochoa Antich. Pero con Maduro la corrupción hizo metástasis en los cuarteles, llegando al extremo de entregarles a los militares mayor poder para que avancen en todos los ámbitos civiles, empresariales, económicos y políticos como ser candidatos para diputados de la Asamblea Nacional.
El gran poder que sostiene internamente a Maduro, heredero de Chávez, son los militares, quienes ejecutan la represión contra los que piensan distinto, las torturas contra los presos políticos, y limitan la movilización de civiles dentro del país mediante la política del terror y el miedo.
Maduro ha seguido a pie juntillas el legado de Chávez con el llamado «Plan de Patria», que dejó, antes de morir, técnicamente a finales de 2012, y lo ha exacerbado a extremos que nadie reconoce el estado en que se encuentra hoy día Venezuela.
Poner palos en la rueda
Cuando la avalancha de electores del 2015 produjo la victoria de la actual Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, que dirige Juan Guaidó, Maduro y Diosdado Cabello, quien era presidente de la directiva parlamentaria saliente, aprovecharon las festividades navideñas antes del cierre para nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y eliminar tres diputaciones indígenas para que el parlamento de la oposición no tuviera los dos tercios que requiere la mayoría absoluta de los 167 diputados.
Así con esa mayoría simple de 112 diputados era poco lo que podía hacer el parlamento opositor para destronar a Maduro. Desde ese momento el régimen totalitario para avanzar en la dictadura decidió poner obstáculos al camino de los parlamentarios opositores con su política del terror, de amenazar, acosar, perseguir y encarcelar hasta sus familiares, además de sabotear todo su trabajo legislativo. Esto produjo una diáspora en el exilio de más de 35 diputados y colaboradores de Guaidó.
Maduro, incluso, llegó a eliminar el sueldo de los diputados opositores, dejando a la intemperie financiera a sus miembros, cuyas familias y amigos han sostenido durante años su manutención. En el 2017, como un premio de consolación, Maduro decide convocar una Asamblea Nacional Constituyente para complacer a Diosdado Cabello, y le encomienda reformar la constitución. En esto el número dos de la dictadura fracasa y no produce ninguna reforma, pero sí encabeza la persecución contra los diputados y afines, y encarcela a supuestos conspiradores que eran financiados por él mismo, según testimonios publicados en las redes sociales.
Al año siguiente, en el 2018, Maduro decide lanzarse a la reelección de la presidencia, inhabilitando a los políticos y partidos de la oposición de su competencia, y solo permite a Henry Falcónentre otros candidatos para que le sirvan de comparsa, apelando a la abstención por la falta de condiciones electorales libres y justas. Con la misma táctica que usó Chávez, Maduro ganó las rechazadas y cuestionadas presidenciales de ese año, cayendo en la categoría de usurpador e ilegítimo.
Con esas misma descalificación y rechazo, Maduro se enrumba el domingo a unas parlamentarias con un bloque de 110 diputados adicionales asegurados de los 167 escaños originales que se disponen a terminar de liquidar al parlamento opositor que votó la mayoría del 2015.
«Lo primero que haré después del 6D será emitir la boleta de captura y arresto a los diputados que promovieron las sanciones», dice la ministra de Prisiones, Iris Varela, como candidata del futuro parlamento chavista al que se deberá entrar con un pañuelo en la nariz después del 5 de enero.