La maquinaria de espionaje del régimen no se puede subestimar. Su capacidad para interferir comulaciones, instalar equipos secretos y comprar información, todo ello de manera ilegal, ha servido para montar campañas propagandísticas. El 14 abril de 2021, Jorge Rodríguez, un hombre con mucho poder, dio a conocer un conjunto de audios donde supuestamente devela una red de corrupción en torno a la distribución y asignación de recursos públicos por parte de parlamentarios de un partido político, para actividades relacionadas con el funcionamiento del Gobierno Interino. Con las grabaciones en la mano, Rodríguez no podía desaprovechar la oportunidad para tratar de ensuciar la reputación y solvencia de dirigentes políticos de intachable rectitud moral y que además nunca han administrado fondos públicos por la sencilla razón de que no han desempeñado funciones de gobierno.
La gente con credenciales y conducta apegada a la sanidad administrativa no le puede temer a investigaciones que se puedan adelantar. El problema tal vez es la cualidad de quienes investigan y la entidad que lo hace y ello lleva a considerar lo que ha sido la gestión de la mayor bonanza petrolera que disfrutó Venezuela entre 1999 y 2016. La primera alerta sobre la corrupción en el régimen chavista la lanzó el Comandante, entonces jefe de la policía política (Sebin), Jesús Urdaneta Hernández donde alertó a Chávez sobre casos identificados. Chávez no hizo nada y Urdaneta rompió con él. También se conoció las investigaciones del General Rodríguez Torres, Ministro del Interior y jefe del Sebin, sobre eventos de corrupción donde se desnudó a una de las cinco figuras más importante de la nomenclatura en el poder. Nada pasó.
Ya en 2016, la Asamblea Nacional adelantó investigaciones muy documentadas sobre dos casos emblemáticos: la compra de alimentos con dólares preferenciales y la adquisición de equipos e insumos para la industria eléctrica a partir de la declaratoria de emergencia en 2009. Había un consenso en el país sobre el lodazal que significaba Cadivi, manejada por un grupo de oficiales de la FANB, que en connivencia con los entonces ministros de Alimentación, también provenientes de la FANB, hicieron una especie de festival con la entrega de dólares preferenciales para la importación de alimentos con sobreprecios, tal como dejaron asentado los diputados Ismael García y Carlos Paparoni. En lugar de alimentos, lo contenedores llegaban vacíos a los puertos naciones. Nada pasó porque el manto protector a esos hechos impidió juzgar a Generales involucrados en el latrocinio.
Pero lo sucedido con la autorización de más de US$ 25.000 millones que entre 2010 y 2015 aprobó la Asamblea Nacional para atender la crisis eléctrica fue paradigmático. La investigación que coordinó el ingeniero y parlamentario Jorge Millán, concluyó que el Fisco Nacional había sido expoliado por una comandita entre supuestos empresarios y funcionarios que ocuparon los más altos cargos en Corpoelec. Nada sucedió porque desde Miraflores valoraron inconveniente castigar a los delincuentes. ¿Dónde estaba Jorge Rodríguez cuando todo esto ocurría? Y por cierto, ¿Sobre la base de cual Ley de Presupuesto se recauda impuestos y se ejecuta gasto desde 2018?