Sigue intenso el tema, a propósito de las designaciones del rector y los vicerrectores en la Universidad Simón Bolívar (USB). Con razón. Por el importante problema educativo hoy, el universitario y el electoral. Como pasaremos a ver.
Las designaciones, del modo que se produjeron, constituyen un atropello desde cualquier perspectiva. Se hace significativo precisar que al día siguiente el Consejo Directivo (CD), como había anunciado en una previa sesión virtual, decidiría en otra presencial la aprobación de modificaciones al reglamento electoral para de algún modo ajustarse (de muy buena fe, no lo niego, aunque salvé el voto en dos oportunidades con el tema) más o menos a la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia (como lo logró, sin ningún éxito posterior la UNET). Esta acción proyectada y enunciada en el órgano, por constituir un reto a la sentencia (al régimen y sus representantes), tal como arguyó en la sesión virtual previa el representante de los empleados, precipitó sin dudas las decisiones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente que no se comidió para vulnerar leyes ni personas con el fin de atajar de inmediato la acción proyectada hacia lo electoral del CD. Pasó de inmediato a suplir la ausencia de nuestro rector fallecido de entre la lista que el CD le entregó con las hojas de vida (20) de los profesores USB y, acusándolos precisamente de no haber realizado las elecciones, sustituyó ese CNU a los vicerrectores encargados desapegado de la ley y de las contemplaciones y el respeto personal.
La propia constitución indica la presunción de inocencia. Los vicerrectores no convocan elecciones. Las convoca el CD y las lleva a cabo la comisión electoral. Por lo tanto, no son los vicerrectores los causantes de que no haya habido elecciones, ni siquiera el CD, sino el mismo régimen por su impedimento desde su brazo jurídico: el TSJ. Se buscaron una excusa baladí. Pero se saltaron la ley, que si bien faculta al CNU para remover autoridades (al CNU, no al ministro) señala con claridad que debe haberse cometido una falta grave y previamente deben haberse oído a los “acusados” (artículo 20, numeral 14 de la Ley de universidades). Quien ocupa el ministerio había proferido una amenaza al respecto de la aplicación de ese artículo, justamente en la sesión anterior del CNU, y comenzó a cumplirla con la USB. Las otras universidades no quedan exentas de su aplicación.
El CNU atropelló las designaciones, por cuanto ninguno de los rectores conoció las hojas de vida de donde se iba a seleccionar al rector, sino solo los nombres. Así la designación fue una imposición calculada, a la que los rectores irrespetados, obviamente, se opusieron. Resultan, por lo tanto, irrrespetados: el CNU, los rectores de AVERU, los profesores USB que presentaron sus currícula y no fueron evaluados y así, la USB y la universidad venezolana.
El desafío electoral del CD al régimen fue respondido desmesuradamente. Quieren los rojos aplicar la sentencia del TSJ completa, hasta ahora desconocida por las universidades, como advirtió el representante de los empleados en la sesión previa virtual del CD. Para ello no les importará atropellar leyes o personas. Esto así, aunque la primera comunicación emitida ayer por las tres autoridades impuestas en la USB no indica para nada la orientación electoral que deberá suplirlos en 180 días, según la ley.
Las designaciones significaron la salida nada honorable del agente externo de la USB, el hecho de que el tema electoral universitario se coloque nuevamente entre los temas principales del sector (la FAPUV discutió el tema justo antier), un combate público donde el régimen ha resultado nuevamente desprestigiado y un reconocimiento social a la trayectoria académica de la USB. Pero también la toma directa por el “socialismo” de nuestra universidad.
Sigo pensando que los universitarios debemos insistir en luchar diariamente y en convocar al país en procura de restablecer las libertades en Venezuela. Sin la conquista de la democracia y la libertad, la universidad no será ningún oasis.