En Venezuela, un 68.2% de la población padece el deterioro de la calidad de vida, según cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), situación que es producto de la falta de inversión y de políticas de mantenimiento desde el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en el sector eléctrico e hidrológico, así lo reseñó LA PRENSA DE LARA.
El embate de todas estas fallas recae sobre las familias a diario. Una carga pesada por penumbras en las noches de largos y extenuantes cortes eléctricos, que se suma al ajuste que deben hacer en sus horarios para cocinar en sus hornillas eléctricas, pues la mayor parte del tiempo no tienen gas doméstico. También y de manera obligatoria deben asegurar sus tanques o pipas llenas de agua, atentos a la falta del suministro fijo y hacer magia con la administración de la misma desde el reúso cuando sea necesario.
Raúl Azparren, desde la agrupación “Activos por la luz”, refiere que a diario tienen reportes de cortes de 46 sectores de Iribarren y 10 de Palavecino, además de algunas comunidades de Sarare. “Cómo es posible que conocemos el 80% de personas que se les ha dañado algún electrodoméstico por los apagones“, denuncia, asegurando que no hay organismos que den respuestas, cuando al menos el 2% de los afectados ni siquiera tiene el poder adquisitivo para reparar o comprarse un artefacto nuevo.
El impacto de las fallas del servicio del agua lo ubican entre el 60% al 62% en la región, así lo estima Alcides Pérez, representante del movimiento “Unidos por el agua” y teniendo claro que la afectación no solo depende de las filtraciones o tomas clandestinas del tubo matriz del Sistema Alto Tocuyo, porque existen comunidades con la misma problemática y que se surten de pozos.
Pérez tiene referencia a más de 60 mil habitantes del macrosector de La Carucieña en estado crítico por ausencia del agua. Además de este populoso sector, señala que Titicare es una de las zonas golpeadas, aún teniendo el rebombeo desde allí. También menciona al macrosector El Ujano y Cercado, donde más de 50 mil habitantes añoran el servicio fijo del agua.
“El desmantelamiento deja a la deriva los servicios, sin inversión ni mantenimiento“, advierte el sociólogo Nelson Freitez. Lamenta de esa pérdida de calidad de vida con servicios corroídos por la corrupción, mientras la población sigue pagando las consecuencias.
A la entrada de la comunidad “La esperanza de Lara” de Barrio Unión está Felipe Camacho, vendedor informal, quien al preguntarle sobre de la calidad de los servicios públicos, se lleva las manos a la cabeza y susurra “se me quemó el televisor y no he podido reponerlo“. No llega a reunir esos $30 que puede costar la reparación del artefacto.
La mayoría de las casas son a retazos de zinc, entre las primeras está el hogar de Lorena Alvarado, quien señala que pidieron colaboración para alquilar una máquina y remover los escombros de basura con animales muertos, porque no pasaba el aseo urbano.
Vanessa Álvarez, vendedora de perros calientes, señala que deben asegurar los $3 por botellón y almacenar agua en pipas, pues no hay para cancelar cisterna. El agua del lavado de corotos le sirve para el jardín y aún espera por pozo séptico, porque junto a sus cuatro hijos deben hacer sus necesidades fisiológicas en casa de familiares.