En una entrevista a Expediente Público, el expresidente del gobierno interino de Venezuela, Juan Guadió, denunció una millonaria operación de “lavado de oro” en la que Daniel Ortega usó durante años a la empresa estatal minera de Nicaragua para sacar toneladas de oro de Venezuela y evadir las sanciones internacionales que pesan contra el Gobierno de ese país por reiteradas violaciones de derechos humanos.
En 2018, las exportaciones de oro en Nicaragua llegaron a $370 millones, pero para 2021 mágicamente y sin que se hubiera hallado o reportado algún yacimiento rico en este metal, las exportaciones superaron los $867 millones, es decir, $497 millones de dólares más.
Sin embargo, en esto no había magia ni suerte. Ortega y el presidente venezolano Nicolás Maduro, “estaban sacando oro de Venezuela a Nicaragua para lavarlo y financiar todo este proceso. Afortunadamente, EEUU sancionó a la empresa minera nicaragüense, y bloqueó ese lavado”, denunció Guaidó ante Expediente Público, en referencia a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2022.
Todavía para noviembre de 2022, se reportaban exportaciones por el orden de los $846 millones de dólares, pero ya el negocio se les había acabado.
Guaidó recibió a Expediente Público en las oficinas de Voluntad Popular, el partido fundado por el exalcalde del municipio Chacao Leopoldo López, ahora exilado en España. Son los mismos espacios que fueron objeto de allanamiento por agentes del régimen madurista, en noviembre de 2019.
Esta sede ubicada en un edificio del este caraqueño, es para él un punto de estadías momentáneas. Llega, y se va apenas finaliza su actividad. La noción de saberse perseguido le obliga a no ofrecer un blanco fijo.
Esta es la primera de dos entregas, de una entrevista exclusiva de Guaidó a Expediente Público, una de las figuras más importantes de Venezuela durante los últimos años, en las que habla sobre Nicaragua, su país y el futuro de la democracia.
“Maduro sigue siendo dictador”
-¿Cómo evalúa la decisión del G3 (partidos políticos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) que impulsaron la medida) que llevó a su destitución, la primera semana de enero?
-Es una decisión del ejercicio parlamentario, derivado de una política tomada por tres partidos que dominan la mayoría de la Asamblea Nacional. A Venezuela le resta una herramienta de lucha. Maduro sigue siendo un dictador, señalado por crímenes de lesa humanidad, con recompensa en EEUU de $15 millones por terrorismo y narcotráfico.
Eso (la destitución) no cambia esa situación. Varían las herramientas de lucha que tomamos en estos cuatro años, basadas en la Constitución, para enfrentar a esta dictadura. Seguimos siendo mayoría. Esta fue una decisión desacertada de tres partidos, y debe ser recompuesta.
-¿Le sorprendió?
-No. Ya venía de un año en ciertas diferencias, empezando por la destitución por la Asamblea Nacional de la junta directiva de un activo venezolano como es Monómeros. Había ciertas diferencias, que deben resolverse no con tres o cuatro personas, sino de cara a las fuerzas vivas del país, incluidos los partidos.
Monómeros es una fábrica de insumos agrícolas ubicada en Barranquilla (Colombia). Es una filial de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), cuya administración fue delegada por el Departamento del Tesoro estadounidense al gobierno interino. El actual presidente neogranadino, Gustavo Petro, ha reconocido la importancia de esta empresa, pues representa 40% del suministro de fertilizantes al agro de ese país.
Con la eliminación de la Presidencia Encargada, crece la incertidumbre sobre la actitud que tomarán en Washington con respecto al futuro de Monómeros. Petro ha manifestado su intención de adquirirla por completo, o asumir el control de todas sus operaciones. Sería el primer activo entregado a la oposición venezolana que pasa a manos de terceros.
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