Durante la evaluación que hizo en días pasados el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas al Estado venezolano, este último hizo mención de las casas de justicia como una posible solución en la lucha contra la delincuencia. Esto ya había sido anunciado el 24 de agosto por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, a la salida de una reunión celebrada con autoridades del Ministerio Público, la Defensa Pública y del Ministerio del Interior, Justicia y Paz en los siguientes términos: «Lo más novedoso es que a las casas de Justicia y Paz tipo I le seguirán las de tipo II y III».
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La funcionaria explicó que las de tipo I son aquellas «donde desde las comunidades se activan los mecanismos alternos de resolución de conflictos (mediación y conciliación) y de esta manera los problemas no escalan (ni degeneran) en delitos que requieran poner en marcha todo el aparato de justicia».
Por su parte, las de tipo II y III estarán habilitadas para conocer delitos y podrán celebrar audiencias para combatir de esta manera el retardo procesal, agregó Gutiérrez.
Algunas de estas últimas instancias operarán en retenes policiales como el Centro de Detención y Resguardo del Privado de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta (Caracas). Así consta en la página web del Ministerio del Interior de Interior, Justicia y Paz.
El fiscal general Tarek William Saab confirmó esta última información al asegurar que «la idea es que, en los centros de detención preventiva, no de manera circunstancial, accidental o espasmódica, sino permanentemente haya audiencias».
Diez años en las sombras
El proyecto de las casas de la Justicia Penal, como originalmente se llamó, era una de las medidas que incluía la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Este plan fue lanzado en julio de 2012 por el fallecido Hugo Chávez, quien lo presentó como la primera política integral de Estado en materia de seguridad ciudadana en décadas, y fue puesta en marcha después de más de una docena de fallidos planes contra la delincuencia.
En los documentos de la Gran Misión se explicaba lo siguiente:
«En estas casas funcionarán, de manera articulada: Fiscalías Municipales (que procesan faltas y delitos con sanciones menores a ocho años); tribunales penales itinerantes y la Defensa Pública, garantizando la coordinación entre los órganos para lograr mayor nivel de esclarecimiento, celeridad y sanción en los procesos penales».
Hurtos, lesiones y casos de violencia intrafamiliar serían algunos de los asuntos que debían terminar en manos de estas instancias, según la reforma que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal también en 2012.
Estaba previsto que de manera inmediata, fueran abiertas instancias en los 79 «municipios priorizados», es decir aquellos con mayores índices delictivos. No obstante, apenas fue en 2013 que se inauguró la primera en Ciudad Caribia.
Una década después se desconoce cuántas casas de la Justicia hay operando en todo el país. Acceso a la Justicia intentó obtener una cifra, pero tras revisar la información pública disponible no pudo más que confirmar que para 2018 la meta original no se había cumplido. Ese año, el entonces viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Hanthony Coello, aseguró que en los siguientes meses serían inaugurados este tipo de recintos en los 79 municipios seleccionados por la Gran Misión A Toda Vida.
Por su parte, en 2019 en el estado Miranda ya operaban 21 de estos centros, de acuerdo con lo informado en esa oportunidad por el gobernador de la entidad, el oficialista Héctor Rodríguez. Más adelante, en 2022 el TSJ anunció la apertura de 21 casas en 20 estados del país.
A principios de 2023, durante el acto de apertura de actividades judiciales, la presidenta del TSJ resucitó el proyecto, al asegurar escuetamente que a lo largo de 2023 «está prevista la fundación de nuevas casas de Justicia en varios estados del país, junto con la inauguración de otras sedes judiciales a nivel nacional».
Las casas de la Justicia buscaban dos objetivos: evitar que disputas y conflictos pudieran degenerar en hecho delictivos e impedir que los delitos menos graves derivarán en hechos violentos al no ser castigados y que terminasen en los ya colapsados tribunales penales ordinarios.
Pero el máximo juzgado no solo no ha informado cuántas de estas instancias hay en efecto funcionando, sino que tampoco ha reportado cuántos casos han tramitado desde que la primera fuera inaugurada diez años atrás.
Unas dudas que persisten
Un dato llamativo es que en el acto en el que se anunció la resurrección del proyecto, también fueron firmados los instructivos sobre el funcionamiento de dichas casas, reportó el defensor público general, Daniel Ramírez, en su cuenta de Twitter. No obstante, los documentos no fueron publicados.
Sigue siendo un enigma cómo operan las casas, cómo están conformadas y cómo se garantiza la independencia judicial.
No se puede olvidar que la llamada justicia de paz comunal, que también debería participar en la iniciativa, se encuentra paralizada y fue atribuida «temporalmente» al TSJ por la tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Paz Comunal por un lapso no mayor de 2 años, pero ya han pasado 11 en total. Esto viola lo establecido en el artículo 178 numeral 7 de la Constitución, que se lo asigna a los municipios.
¿El motivo de este retraso? A partir de la entrada en vigencia de dicha ley, nunca se celebraron las elecciones para escoger dichos jueces según lo previsto en la norma mencionada, unos comicios que requieren del «apoyo técnico y logístico» del Consejo Nacional Electoral.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Con el anuncio del relanzamiento del proyecto de las casas de Justicia y de Paz las autoridades parecen insistir en su estrategia de utilizar el tema de los problemas de justicia y la seguridad ciudadana con fines electorales. No se puede olvidar que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela fue puesta en marcha justo en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012. Es además preocupante que sea más bien una forma para profundizar el control social, lo que también suele ocurrir en período preelectoral, pues la jurisdicción especial de paz comunal no fue creada para ampliar el acceso a la justicia, sino que esta instancia también estaría bajo el TSJ, que carece de independencia judicial.
Además, la opacidad y discrecionalidad con la que el TSJ ha manejado hasta ahora la iniciativa da motivos más que suficientes para dudar de su efectividad a la hora de combatir el retardo procesal, la impunidad y el crimen.