El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió durante tres horas la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, en un escenario regional afectado por tres dictaduras -Cuba, Nicaragua y Venezuela- y un evidente deterioro del sistema institucional en América Latina.
Román Lejtman
La encuestadora Latinobarómetro aseguró en su último sondeo regional que sólo el 48 por ciento de los consultados apoya a la democracia como régimen político, cuando trece años atrás la defensa del sistema institucional alcanzaba el 63 por ciento.
En este contexto, a partir de un mandato explícito de la Asamblea General de la OEA, se creo el Grupo Voluntario de Seguimiento a la Carta Democrática Interamericana que lidera Estados Unidos y acompaña otros 16 estados miembros, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y México.
Durante el último período de dictaduras en América Latina -1960-1980-, la OEA permitió que participaran regímenes militares junto a las renovadas democracias en la región. El presidente Raúl Alfonsín tenía embajador asignado en la OEA, y el dictador Augusto Pinochet también. Alfonsín era un civil elegido por el voto popular, mientras que Pinochet era un general que había ejecutado un golpe de Estado.
La Carta Democrática terminó con este irregularidad institucional al establecer que sólo los países con gobiernos democráticos podrán participar como miembros de la OEA. Fue un avance inmenso, en una región que padeció golpes de Estado desde comienzos del siglo XX.
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