«Buenas tardes, señores pasajeros (…) gracias por sus buenas tardes…»
Así empieza el discurso de un adolescente de no más de 12 años que aborda los autobuses que salen de la Terminal José Antonio Paredes de Mérida, para ofrecer a los pasajeros, caramelos, chocolates o cualquier otro producto que, de seguro, vende para ayudar con los gastos de su casa.
En Mérida, como en el resto del país, son cada vez más frecuentes los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se ven por las calles haciendo cualquier actividad que les permita ganar algo de dinero.
En los semáforos ofrecen sus servicios de «limpia vidrios», en los buses revenden sus productos o, por las calles del centro, distribuyen helados, tortas, galletas o cualquier otro alimento que preparan en sus hogares.
Muchos de ellos estudian y trabajan; pero otros, tuvieron que cambiar los cuadernos y las aulas de clases por herramientas de trabajo.
El trabajo infantil en Venezuela es una realidad.
Aunque no existen cifras actuales sobre esta situación, para 2007, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estimó que, en el país, había 81 mil niños, niñas y adolescentes, trabajando. Hoy, 17 años después, expertos estiman que esta cifra se pudo duplicar e, incluso, triplicar.
La falta de cifras oficiales y actualizadas, invisibiliza el trabajo infantil y, además, aumenta las vulnerabilidades de los menores de edad quienes, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, son víctimas de redes de trata, de explotación laboral y sexual y de otras formas de esclavitud moderna.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay cerca de 160 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo, que realizan algún tipo de trabajo; esto representa a 1 de cada 10 NNA.
Julio Parra, coordinador general de Geografía Viva, organización que forma parte de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) señaló que muchos de estos jóvenes trabajadores están expuestos a múltiples vulnerabilidades.
«Entendemos que hay familias que, por sus múltiples necesidades, se ven obligadas a permitir que niños, niñas o adolescentes realicen algún tipo de actividad económica; sin embargo, se deben garantizar las condiciones que permitan resguardar la integridad de los menores de edad», apuntó.
Julio Parra recordó que existen dos corrientes a nivel mundial. La primera, que va en contra de toda forma de trabajo infantil y que es a la que apunta, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas y, otra, que apunta a mejorar las condiciones de trabajo, adecuándola a los niños, niñas y adolescentes.
En Venezuela la situación del trabajo infantil es alarmante. Más aún porque es una realidad que está invisibilizada por el mismo Estado al no presentar cifras desde hace casi dos décadas.
«Hay labores que realizan niños, niñas y adolescentes en muy precarias condiciones en distintos lugares, donde no se respeta la condición de estos trabajadores menores de 18 años a quienes, en muchas oportunidades, les toca desempeñar actividades de trabajo que no son aptas para su edad», enfatizó Parra.
Agregó, además, que muchos NNA, son utilizados en actividades al margen de la ley como narcotráfico, delincuencia, tráfico de personas, entre otras actividades.
Alexander Parra alertó que, debido al incremento del trabajo infantil en Venezuela, a muchos niños, niñas y adolescentes, se les están violando sus derechos a la educación, a la recreación, al tiempo libre y a la protección familiar, derechos que están establecidos en las leyes nacionales como la Constitución, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), y en tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, de la UNICEF.
¿Qué hace falta para erradicar el trabajo infantil?
A juicio del coordinador de Geografía Viva, hacen falta muchos avances en lo laboral, social y económico, para de esta manera poder establecer normas cumplibles para la erradicación del trabajo infantil.
«La misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNICEF, señalan que para avanzar en la eliminación del trabajo infantil, se debe transite hacía una economía sostenible, justa e inclusiva que, a su vez, mejoren las condiciones educativas y se le dé una verdadera protección social a todos los trabajadores para que, en el mediano plazo, los niños, niñas y adolescentes, sean obligados a tener que trabajar, en especial, en trabajos que pongan en riesgo su integridad y dignidad», destacó.
«La niñez y la adolescencia son etapas de la vida que deben ser protegidas por parte del Estado, de la sociedad y la familia; se debe garantizar el cumplimiento pleno de sus derechos y evitar que sean expuestos a condiciones o situaciones que les vulneren (…) si por necesidad económica, se ven obligados a trabajar, esto debe hacerse en el marco de una protección especial y que, más que un trabajo, se convierta en una oportunidad de desarrollo sin afectar sus espacios de aprendizaje y recreación establecidos en las leyes», finalizó.
El Estado tiene una profunda deuda con los niños, niñas y adolescentes venezolanos quienes, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis económica y las pocas oportunidades existentes en el país, se encuentran en un nivel de desprotección que abarca todos los niveles del cuidado que deberían tener para su desarrollo académico y social.