El lado oscuro de Movistar: intercepciones y bloqueos en Venezuela pasaron por debajo de la mesa

El lado oscuro de Movistar: intercepciones y bloqueos en Venezuela pasaron por debajo de la mesa

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Telefónica, la empresa matriz de Movistar, omitió por segundo año consecutivo datos esenciales sobre las solicitudes de interceptación y bloqueos en Venezuela. En su informe de transparencia 2023, la compañía detalla operaciones en 11 países, pero en el caso de Venezuela, se limita a enumerar el número de líneas móviles, fijas, de internet y servicios de TV, dejando de lado la información crítica sobre la vigilancia estatal.

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Este silencio es notable, especialmente cuando en 2021, Movistar reconoció haber interceptado el 20,5% de las líneas móviles activas en el país. Según VE sin Filtro, que ha seguido de cerca estas omisiones, esto representó una violación evidente al derecho a la privacidad. La organización recuerda que, en 2021, hubo un aumento del 17% en las solicitudes de interceptación respecto al año anterior, lo que sugiere que la situación podría haber empeorado.

La decisión de Telefónica de no divulgar estos datos pone en entredicho su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos, principios que asegura defender. “Desde 2021, son más los pinchazos de las comunicaciones”, advirtió VE sin Filtro, subrayando que la falta de información impide conocer el verdadero alcance de estas prácticas.

La postura de Telefónica resulta aún más preocupante al considerar que otras operadoras en Venezuela, como Digitel, ni siquiera publican informes de transparencia. “Telefónica elige silenciarse frente a abusos que no serían tolerables en otros mercados donde opera”, apunta VE sin Filtro, criticando la pasividad de la empresa ante las solicitudes de vigilancia del Estado.

La falta de transparencia en las telecomunicaciones venezolanas deja a los usuarios en la incertidumbre sobre el nivel de intervención en sus comunicaciones. VE sin Filtro exigió claridad y acciones legales para proteger los derechos de los ciudadanos, instando a las empresas a no ser cómplices de posibles violaciones sistemáticas de los derechos humanos.