Hubo un tiempo en que la defensa de los valores estadounidenses en el hemisferio occidental era un importante objetivo de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero a medida que crecen los problemas en Venezuela y México, la administración Biden es en gran medida un espectador.
Editorial de The Wall Street Journal
Nicolás Maduro está expandiendo su terror en Venezuela, a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales del 28 de julio ante el exdiplomático Edmundo González Urrutia. El régimen ha detenido a más de 2.000 manifestantes y líderes de la oposición, que han desaparecido en las prisiones del país. Han muerto veintisiete manifestantes. Esta semana Maduro emitió una orden de arresto contra González Urrutia.
Si Maduro cree que puede permanecer en el poder, podría ser porque Estados Unidos está enviando señales contradictorias. La incautación por parte de Estados Unidos del avión del dictador en República Dominicana el lunes es una buena noticia, aunque en gran medida simbólica. Pero el Tesoro de Estados Unidos también ha emitido licencias a más de 10 empresas para operar en el país.
El más grande es Chevron, que se espera que para finales de este año bombee unos 200.000 barriles de petróleo por día, el 25% de la producción del país. El contrato de Chevron con el régimen es secreto, pero los observadores del petróleo estiman que en los últimos 18 meses su producción ha generado unos 2.600 millones de dólares para el régimen.
El dictador puede pensar que Estados Unidos eventualmente lo considerará legítimo. El equipo Biden puede desengañarlo retirando la licencia de Chevron junto con las licencias de otras seis compañías petroleras y cuatro compañías estadounidenses de servicios petroleros. En un mercado petrolero mundial de unos 100 millones de barriles por día, los temores de un aumento de los precios debido a una menor producción venezolana están fuera de lugar. Una preocupación más realista es la nueva ola migratoria en la región y hacia Estados Unidos que probablemente generará la supervivencia del régimen.
México también se inclina hacia un gobierno unipartidista sin muchas objeciones por parte del presidente estadounidense, Andrés Manuel López Obrador, quien dejará el cargo el 1 de octubre y ha prometido aprobar enmiendas constitucionales este mes con fuertes mayorías en el nuevo Congreso que tomó juramento el domingo.
Sus cambios incluyen una reforma judicial que pondrá fin a la independencia de los tribunales, las prioridades legales y económicas de las empresas energéticas estatales y el fin de las agencias reguladoras independientes. Esto socavará la competencia económica y política y el Estado de derecho.
También violará el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que es crucial para el programa económico de la presidenta electa Claudia Sheinbaum basado en la atracción de capital para fabricar bienes para el mercado norteamericano. Los inversores perderán seguridad judicial a medida que el partido Morena del presidente tome el control de la Corte Suprema y deje de lado la inversión privada para competir con las empresas gubernamentales.
Según el T-MEC, Estados Unidos puede solicitar consultas para insistir en la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones consagrados en el acuerdo. También puede dejar claro que sin tales garantías el T-MEC está en riesgo. La falta de un poder judicial independiente también viola otros acuerdos que México ha firmado en materia de derechos humanos y protección laboral y ambiental, todos los cuales la Administración Biden dice valorar.
Los grupos industriales y los inversores están pidiendo ayuda a la Administración, sin obtener muchos resultados. Quizás los demócratas estén manteniendo un perfil bajo antes de las elecciones de noviembre. Mientras tanto, los problemas se extienden a las puertas de Estados Unidos.