La misión de expertos de la ONU para la investigación de abusos en la guerra civil en Sudán acusó este viernes al ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de crímenes de guerra, y a estos últimos también de crímenes contra la humanidad por sus ataques en Darfur contra pueblos no árabes.
Por EFE
En su primer informe desde su nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de 2024, la misión de tres expertos presidida por el tanzano Mohamed Chande Othman pide que el embargo de armas declarado desde 2004 a grupos armados en Darfur se extienda a todo el país.
Fuerzas independientes para proteger a los civiles
También recomienda el despliegue de fuerzas independientes para proteger a los civiles, que se extienda a todo Sudán la investigación que la Corte Penal Internacional inició en 2005 sobre violaciones de derechos humanos en Darfur, y la creación de un mecanismo judicial internacional para complementar el trabajo de dicho tribunal.
“Dada la falta de voluntad de las partes en conflicto en evitar los ataques a civiles, es imperativo que una fuerza independiente e imparcial sea desplegada lo antes posible para salvaguardar sus vidas”, señaló en la presentación del informe Othman.
Más de 18.000 muertos y 10 millones lejos de su hogar
El documento señala que en el conflicto iniciado en abril de 2023, que ha causado más de 18.800 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países, ejército y paramilitares han cometido crímenes de guerra tales como ataques indiscriminados a civiles, torturas y asesinatos.
En el caso específico de las FAR y sus milicias asociadas, los expertos también les acusan de violaciones a niñas y mujeres “en rangos comprendidos entre los 8 y los 75 años”, especialmente en Darfur y la capital Jartum, así como de reclutar a niños, provocar desplazamiento forzado y saquear numerosas localidades.
En lugares como El Geneina, la capital del Estado de Darfur del Oeste, el informe concluye que las FAR y sus milicias lanzaron ataques a gran escala contra masalit y otras etnias no árabes, asesinando a los hombres en determinadas comunidades y violando a mujeres y niñas, algo que podría constituir un crimen contra la humanidad.